Mediante un pronunciamiento titulado “Organizaciones de la sociedad civil expresan su preocupación sobre la suspensión indefinida de las elecciones judiciales en Bolivia”, 38 organizaciones bolivianas e internacionales llamaron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a garantizar el oportuno nombramiento de autoridades judiciales “conforme a estándares internacionales”.

De esta manera se sumaron a otras convocatorias realizadas en ese mismo sentido por organizaciones internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que hace un mes emitió un comunicado convocando al Estado a garantizar las elecciones judiciales, cuyo proceso se encuentra paralizado a dos meses y siete días de que las actuales autoridades judiciales concluyan su mandato.

“Hacemos un llamado al Estado boliviano, en particular a los órganos  competentes como el TCP y la ALP a garantizar un adecuado y oportuno proceso de nombramiento de las autoridades judiciales conforme estándares internacionales en materia de independencia judicial, en especial, sobre procesos de selección objetivos, meritocráticos, transparentes y sin discriminación, y exhortamos a la comunidad internacional para continuar dando seguimiento a esta situación y su impacto sobre el Estado de derecho y la calidad del sistema democrático en Bolivia”, señala el pronunciamiento, suscrito por las 38 organizaciones, entre ellas la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los DDHH,  la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social – UNITAS, Misión Internacional de Justicia  y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia .

“Solo un proceso legítimo de renovación judicial garantizará el liderazgo institucional que se requiere para encarar una profunda reforma y transformación del sistema de administración de justicia en Bolivia”, agrega el documento, que fue difundido en redes sociales este viernes por el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), César Muñoz.

“La falta de esfuerzos genuinos para construir los consensos políticos que se requieren en la Asamblea Legislativa Plurinacional, junto a otras demoras generadas a partir de recursos constitucionales han ocasionado que se suspenda sin fecha el proceso de selección de los magistrados y magistradas que deben integrar el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura”, señala el pronunciamiento.

Recuerda que los mandatos de las actuales autoridades judiciales vencen el 2 de enero de 2024 y advierte que, considerando que la Constitución contempla como único sistema de designación a la elección judicial, “si no se eligen a las altas autoridades oportunamente no habrá mecanismos de reemplazo constitucional o legal, por tanto se entrará en una situación de riesgo de interferencia de otros órganos públicos o de prórroga inconstitucional del mandato de quienes ocupan las altas magistraturas, afectando condiciones esenciales de independencia judicial al agravar la situación de provisionalidad que afecta crónicamente a la justicia boliviana”.

En su comunicado del pasado mes, la CIDH expresó su preocupación por la situación del proceso de elección de las nuevas autoridades judiciales, porque podría ” debilitar el funcionamiento del sistema de justicia de Bolivia”.

“La CIDH urge al Estado Plurinacional de Bolivia, en especial, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a generar consensos, aprobar la convocatoria y el reglamento respectivos, para avanzar y concluir en tiempo y forma el proceso de selección de las autoridades de las mencionadas instituciones de justicia, en observancia de los estándares internacionales y con garantías de transparencia e independencia. Finalmente, se recuerda que la separación e independencia de los poderes públicos es un elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia representativa”, se lee en el documento.