La falta de justicia presenta un gran desafío en América Latina y, como tal, exige un examen detenido. Algunos proponen como solución confiar en líderes con una integridad moral intachable, pero la realidad revela una mayor complejidad. La base de la justicia gira en torno a la imparcialidad de quienes crean y hacen cumplir las leyes. Por lo tanto, surge una pregunta esencial: ¿qué motiva el comportamiento imparcial?

El estudio de esta problemática requiere reconocer que las acciones son observables, pero las motivaciones no lo son, y descubrirlas a menudo implica circunstancias externas a la persona. En este sentido, tres elementos fundamentales impactan en la imparcialidad: el carácter moral, las normas y, sobre todo, los conflictos de interés (particularmente las dependencias), ya que en estos está la diferencia entre las sociedades justas y las injustas.

En primer lugar, el carácter moral abarca los valores y la capacidad para mantenerse fiel a ellos. Generalmente, las personas priorizan la conducta correcta sobre la incorrecta; sin embargo, debido a que el autocontrol es limitado, en la medida en que un comportamiento inapropiado ofrezca mayores beneficios personales, menos individuos serán capaces de resistirse. Dada la imperfección inherente a la naturaleza humana, a mayor tentación presentada por conflictos de interés, más fuerte es la inclinación a actuar con parcialidad.

En segundo lugar, todos los grupos (sociales, políticos, etc.) tienen normas (p. ej., reglas, tradiciones y expectativas) que los miembros internalizan para lograr la aceptación y la legitimidad. Por ello, cuando las normas favorecen una mala conducta, la conciencia se desorienta y las personas se guían por estas.

Por último, la estructura organizacional consiste en relaciones de dependencia establecida entre los miembros de una comunidad. La dependencia existe cuando una persona controla recursos que afectan el bienestar de otra. Estas subordinaciones ocasionan problemas cuando están mal estructuradas. Por ejemplo, un líder político que puede despedir arbitrariamente a un funcionario público tendrá el poder para manipularlo. En consecuencia, la autonomía del funcionario disminuye, ya que podrá ser presionado a actuar según el interés del líder.

Esta parcialidad, inducida por la coerción, se manifiesta debido a presiones externas. El grado en que un individuo (p. ej., un líder político) puede perjudicar el bienestar de otro (p. ej., un fiscal) determina la presión que puede ejercer para promover sus opiniones, prejuicios, intereses o deseos. Esto implica poder, definido como la habilidad de conseguir que un individuo actúe de una manera que de otra forma no lo hubiese hecho.

Identificar qué motiva el comportamiento imparcial no es tarea fácil. Sin embargo, un factor claro radica en el grado de dependencia que tenga una persona frente a otra con un interés particular. En el sistema actual, los funcionarios dependen de los políticos, y los políticos, de militantes y patrocinadores. Ni siquiera el pueblo está exento, ya que a menudo el acceso a los servicios y bienes públicos está ligado al favoritismo político. Este triángulo de dependencia entre partidarios, políticos y funcionarios deja a la mayoría de la población en desventaja.

Es crucial reconocer que existen estructuras gubernamentales (p. ej., quién nombra al juez) diseñadas para eliminar estas dependencias y otros conflictos de interés gracias a las cuales se consiguen mejores resultados. Abordar la corrupción exige reconocer que esta abarca más que la moral y las normas. Si bien las personas no son ángeles, es posible mitigar la tentación de actuar con parcialidad al reducir los conflictos de intereses. Solo así podremos lograr países donde prevalezca la justicia.