El ministro de Justicia, Héctor Arce, inauguró ayer una cumbre nacional en la localidad de Piñami, del municipio cochabambino de Quillacollo, que tiene el objetivo de armonizar la aplicación de las justicias ordinaria y originaria.

“Vamos a ver cómo se armoniza estas dos justicias. La justicia ordinaria que es una jurisdicción reconocida en la Constitución de 2009 y la justicia indígena originaria que es otra jurisdicción también reconocida en esa gran Constitución de avanzada que tenemos y que aprobamos los bolivianos por voto popular en enero del año 2009”, dijo en la apertura de ese encuentro.

Arce explicó que en esa Cumbre se conformarán mesas de trabajo, durante dos días, en las que se analizarán los alcances concretados con la Ley 073, de Deslinde Jurisdiccional, después de ocho años de su puesta en vigencia.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Huanacuni, dijo que el trabajo encaminado en ese evento nacional permitirá contar con un “valor fundamental” para dar respuesta a las necesidades de la población en el área de justicia.

“Su fuerza, su reflexión, será importante para seguir dando pasos importantes, también en esta transformación del Estado-nación republicano, estructural, colonial al Estado Plurinacional para volver a nuestro camino, a lo que somos nosotros”, agregó la autoridad.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que esa cita es relevante “para el rescate de los valores ancestrales del sistema judicial indígena originario campesino y sumarlos al proceso de revolución de la administración de las leyes”.

La justicia comunitaria

La Ley de Deslinde Jurisdiccional establece 36 tipos de administración de justicia originaria, acordes con el número de nacionalidades reconocidas en la Constitución Política. Cada una de ellas aplica su particular justicia.

Entre las 36 nacionalidades reconocidas están la aymara, quechua, araona, baure, bésiro, chimán, chácobo, guarayu, weenhayek, ese ejja, yuracaré y mojeña. Para la justicia comunitaria existen las faltas, no el delito, y entre ellas están la infidelidad, el chisme, el abigeato, el robo y problemas de tierras.

De acuerdo con sus normas, las sanciones varían entre cada nación indígena. En el oriente, por ejemplo, el amarrar a un hombre al palosanto se aplica a faltas como el robo, mientras que en los pueblos del occidente el castigo mayor es el destierro.

El propósito de esta cumbre, según el ministro Arce, es que esta justicia pueda tener algún tipo de aplicación con la justicia ordinaria que establece los delitos cuya pena máxima para ilícitos como asesinato y feminicidio es de 30 años de cárcel.