La Fiscalía Departamental de Santa Cruz acusó formalmente al gobernador Luis Fernando Camacho por el delito de “resoluciones contrarias a la Constitución” en el contexto del caso “decretazo” relacionado con la designación irregular de la autoridad interina en marzo de 2022.

La acusación, elaborada por el fiscal Marcos Arce, plantea la aplicación de la pena máxima de este delito que es sancionado con hasta seis años de prisión, según el Código Penal. Además, el requerimiento pide al juzgado anticorrupción de Santa Cruz abrir la etapa de juicio oral.  

El caso fue activado por una denuncia del asambleísta departamental Clemente Ramos (MAS), quien pidió sancionar al gobernador por no haber designado al vicegobernador Mario Aguilera, como autoridad interina en ocasión de viaje que cumplió a Brasil en marzo de 2022.

El abogado de los denunciantes Marcelo Aliaga anunció que en la etapa de juicio oral plantearán que Camacho sea condenado a seis años de prisión.

El gobernador cruceño cumple, desde diciembre de 2022, una detención preventiva por el caso Golpe I. El primer plazo de esta medida se cumplió en abril y la Fiscalía solicitó una ampliación, pero además activó otros casos que alargaron el encarcelamiento del gobernador en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro.

El caso

El caso data del 9 de marzo de 2022, cuando la primera autoridad departamental viajó al Brasil para participar de la 12va Reunión Anual del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre el Clima (GCF Task Force).

Antes de emprender el viaje, firmó el Decreto Departamental 373 donde designaba como gobernador suplente a su secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, más no así al vicegobernador Mario Aguilera.

El 19 de marzo de 2022, luego de su arribo a Santa Cruz y tras sostener una reunión de gabinete de urgencia, Luis Fernando Camacho reconoció que el decreto fue firmado porque tenían una agenda que cumplir en provincias durante la semana y la persona designada para cumplir tales trabajos era Mario Aguilera.

En ese sentido, dijo que se decidió dejar al secretario de Coordinación Institucional Miguel Ángel Navarro como gobernador suplente, para tener el normal desenvolvimiento en la Gobernación.

“El decreto no entró en vigencia porque se instruyó que no iba, pero esa situación fue subida a la Gaceta y no debió haber ido”, aseveró en aquella oportunidad.