Fuera de las consideraciones políticas, el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha vuelto a demostrar que tiene control total sobre la agenda política y legislativa. Habiéndose prolongado indefinidamente la polémica por las elecciones judiciales, luego saltado a las internas de ese partido y, ahora, ocupados casi de lleno en la crisis hídrica y en la problemática de los incendios forestales, con el Censo de Población y Vivienda no muy lejos, no habrá tiempo para más, pues el calendario político ingresará oficialmente en el periodo preelectoral.

Tampoco están muy lejos las postulaciones, las elecciones primarias —que se estima serán en enero o febrero de 2025— y demás quehaceres relacionados con toda elección.

Sin ánimo de hacer de oráculo, el resultado entonces será prácticamente nulo. La Asamblea Legislativa se cerrará sin haber tramitado una sola reforma de calado que venga a mejorar la vida de sus ciudadanos o dinamizar su contexto socioeconómico; al contrario, los temas que requieren de una atención urgente habrán vuelto a quedar aplazados para quién sabe cuándo.

Y es que la Asamblea ha renunciado hace tiempo a su misión de legislar, pero, en concreto, en este periodo lo hizo el día que vio cómo el Ejecutivo tumbaba la Ley para el control del enriquecimiento ilícito, incluso el programa marco que lo inspiraba y que había sido aprobado casi sin discusión unos meses antes de que alguien pusiera el grito en el cielo al ver amenazados sus intereses. Pudo ser cualquiera.

Ya antes había dejado claro que no pretendía abordar una reforma fiscal, pues más allá del testimonial Impuesto a las Grandes Fortunas, ni siquiera pudo exigir que las plataformas tipo Netflix o Google paguen sus impuestos en el país porque algunos adujeron que eso encarecería el producto.

Así, no es que no haya habido una reforma educativa, que en realidad nadie ha planteado de forma seria ni lo hará, pues el Ejecutivo ni siquiera ha podido impulsar una reforma de la currícula, o no es que no se hayan abordado reformas de fondo en la Policía o en las Fuerzas Armadas, que parecía una prioridad después de tanto revuelo en 2019; es que el gran logro de esta legislatura parece ser haber hecho una Ley del Oro para salir al paso de una crisis de divisas.

Si el objetivo era no hacer nada, sin dudas se ha conseguido. Incluso los problemas con el dólar han acabado sumando a esa misión: nadie habla de reforma tributaria y mucho menos de Pacto Fiscal pues, tras 11 años de incumplimiento, el reclamo se saldó con una leve promesa de reunirse después de que haya datos del Censo. Una obviedad.

También ha quedado fuera de debate el asunto de la federalización, que en realidad nunca llegó a ser agendado de forma seria, por mucho que el sistema autonómico esté por demás agotado y la mitad de los departamentos sigan sin tener una norma estatutaria consensuada.

El Congreso está tan devaluado en Bolivia que, en realidad, no ha habido avances de fondo en la estructura legislativa del país ni se ha apuntalado la igualdad de oportunidades.

Ojalá pronto la Política buena, la de la mayúsculas, vuelva a permitir que en este país se cambien las cosas mediante el análisis, la reflexión, el debate y el consenso y no mediante simples ocurrencias de improvisado, que nunca suelen llegar a buen puerto.