Según el Proyecto Mundial de Justicia (WJP), Bolivia ocupa el puesto 131 entre 142 países en cuanto al cumplimiento del Estado de derecho de sus ciudadanos en 2023. Y en la región (América Latina y el Caribe) también se mantiene en los últimos lugares, el 29 de 32 naciones, sólo por delante de Haití, Nicaragua y Venezuela. El primer lugar lo ocupa Uruguay.

El Estado de derecho de un país mide su grado de desarrollo y está reconocido internacionalmente como un elemento fundamental para garantizar la paz, la justicia, los derechos humanos, la democracia efectiva y el desarrollo sostenible. 

Sin embargo, según los responsables del informe del WJP, el Estado de derecho sigue debilitándose en la mayoría de los 142 países. En el documento de 230 páginas se incluyen datos de cada uno de los países.

Según el informe, a nivel mundial, Dinamarca ocupa el primer lugar en respeto a los derechos de sus habitantes y Venezuela es el peor: ocupa el puesto 142. Afganistán está en la casilla 140 y Camboya en la 141.   

En el informe de 2022, Bolivia ocupó el puesto 130 de 140 países del mundo. “En esta edición 2023 del WJP, el Índice de Estado de Derecho muestra que más de 6 mil millones de personas viven ahora en países donde el Estado de derecho del derecho está disminuyendo”, señaló Alejandro Ponce, director de investigación del WJP.

En medio de un estancamiento institucional generalizado, la mayoría de los países continúa con un retroceso del Estado de derecho caracterizado por extralimitaciones del ejecutivo, disminución de los recursos, vulneraciones a los derechos humanos y sistemas de justicia que no satisfacen las necesidades de las personas, escribió Ponce.

Ocho factores

Con ocho factores se mide el Estado de derecho. Primero, restricciones a los poderes gubernamentales, que mide el grado de que quienes gobiernan están sujetos a la ley. Bolivia ocupa el puesto 126 entre 142 países.

Segundo. Ausencia de corrupción, considera tres formas de corrupción: soborno, influencia indebida por parte de intereses públicos o privados y apropiación indebida de fondos públicos. El país está en el lugar 137, o sea altísima corrupción.

Tercero. Gobierno abierto, mide la apertura del gobierno definida por el grado en que comparte información y fomenta la participación ciudadana en políticas públicas. Bolivia ocupa la casilla 100 de 142.

Cuarto. Derechos fundamentales, este factor se centra en un menú relativamente modesto de derechos que están firmemente establecidos en el marco de las Naciones Unidas, Bolivia ocupa el puesto 111.

Quinto. Orden y Seguridad, mide qué tan bien una sociedad garantiza la seguridad de las personas y la propiedad. Bolivia está entre los últimos, en el 122.

Sexto. Cumplimiento regulatorio, mide el grado en que las regulaciones se implementan de manera justa y efectiva. Bolivia ocupa el puesto 125.

Séptimo. Justicia civil, mide si la gente común y corriente puede resolver sus quejas de manera pacífica y eficazmente a través del sistema de justicia civil. El país está en el peor lugar, en el 140 de 142.

Octavo. Justicia penal, evalúa el sistema de justicia penal de un país. Un sistema de justicia penal eficaz es un aspecto clave del Estado de derecho. Bolivia ocupa el 141, penúltimo lugar.