La sociedad civil organizada de Bolivia articulada en redes, colectivos y activistas, junto a organizaciones internacionales de derechos humanos y el grupo regional de Mujeres por la Justicia, se unieron a la preocupación y al llamado realizado por organismos internacionales de derechos humanos al Estado de Bolivia, para que se convoque a las elecciones judiciales para renovar la composición del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.

Estas organizaciones mediante un pronunciamiento manifestaron que la convocatoria a estas elecciones debe ser conforme al procedimiento constitucional establecido, “garantizando la independencia de los poderes públicos y el debido funcionamiento del sistema de justicia, en cumplimiento a los estándares interamericanos”, y a las demás normas del derecho internacional de los derechos humanos relacionadas con la independencia judicial.

La falta de esfuerzos genuinos para construir los consensos políticos que se requieren en la Asamblea Legislativa Plurinacional, junto a otras demoras generadas a partir de recursos constitucionales han ocasionado que se suspenda sin fecha el proceso de selección de los magistrados y magistradas que deben integrar el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

Los mandatos de las actuales autoridades nacionales del sistema de justicia vencen el 2 de enero de 2024, y considerando que la Constitución Política del Estado de Bolivia contempla como único sistema de designación a la elección judicial, si no se eligen a las altas autoridades oportunamente no habrá mecanismos de reemplazo constitucional o legal, por tanto se entrará en una situación de riesgo de interferencia de otros órganos públicos o de prórroga inconstitucional del mandato de quienes ocupan las altas magistraturas, afectando condiciones esenciales de independencia judicial al agravar la situación de provisionalidad que afecta crónicamente a la justicia boliviana.

Pese a que el Senado aprobó un proyecto de ley el 30 de agosto pasado, hasta el presente no se ha convocado a sesión en la Cámara de Diputados para la aprobación final de este proyecto, y en atención a que el Tribunal Constitucional Plurinacional no ha dado una respuesta oportuna a la Consulta de control previo de inconstitucionalidad planteado sobre dicho proyecto de ley, resulta fundamental continuar el proceso de deliberación de esta normativa, pudiendo introducirse sobre esa base las mejoras y correcciones que sean necesarias para asegurar la oportuna realización del proceso electoral, dice una nota de todas las organizaciones.

La convocatoria pública y el reglamento de la elección judicial deben garantizar un proceso de selección basado en la idoneidad, integridad y calificación de méritos de las y los postulantes, asegurando la publicidad, transparencia, espacios de escrutinio público y participación ciudadana. Nos preocupa especialmente que se garantice que mujeres calificadas puedan acceder efectivamente a la alta magistratura boliviana, cumpliendo el mandato constitucional y el artículo 20° de la Ley 025 del Órgano Judicial que recogen el principio de equivalencia y paridad de género al máximo nivel de las autoridades del país

La falta de certeza jurídica sobre el proceso y la suspensión irresuelta de la convocatoria a las elecciones judiciales no solo afecta el derecho de las y los bolivianos a una justicia competente, independiente e imparcial, sino que mina la legitimidad de las altas cortes, y genera un riesgo para el principio de separación de poderes, en la medida que uno de ellos afecta la renovación oportuna de las autoridades judiciales.

En ese sentido, hacemos un llamado al Estado boliviano, en particular a los órganos   competentes como el TCP y la ALP a garantizar un adecuado y oportuno proceso de nombramiento de sus autoridades judiciales conforme estándares internacionales en materia de independencia judicial, en especial, sobre procesos de selección objetivos, meritocráticos, transparentes y sin discriminación, y exhortamos a la comunidad internacional para continuar dando seguimiento a esta situación y su impacto sobre el Estado de derecho y la calidad del sistema democrático en Bolivia. Solo un proceso legítimo de renovación judicial garantizará el liderazgo institucional que se requiere para encarar una profunda reforma y transformación del sistema de administración de justicia en Bolivia.

Las organizaciones firmantes:

Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Comisión Internacional de Juristas (CIJ),  Human Rights Watch (HRW),  DEJUSTICIA (Colombia), Fundación para la Justicia (FJEDD México),  Observatorios Derechos y Justicia (ODJ Ecuador), Instituto de Defensa Legal (IDL Perú). Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Oficina Jurídica para la Mujer, Misión Internacional de Justicia, Fundación Construir, Fundación Microjusticia – Bolivia, ITEI, CCIMCAT, COOMUJER – Beni, ABOMENAT-FEDEMETRA Pando, Asamblea Permanente de Derechos Humanos Beni, PUKAÑAWI, ONG Realidades, Colectivo Plurales, Proyecto PROBOS, AVES Incidencia, GSN FENIX Bolivia, Voceros de la Iglesia, OTN -B, Asociación con Alas Propias, Federación de Estudiantes de Secundaria Pando, Asamblea Permanente de Derechos Humanos Potosí. (ANF)