Desde 2018 hasta junio de 2023 (cinco años), ocurrieron 600 casos de acoso y violencia política contra la mujer en país y al menos 500 denuncias se encuentran en el Ministerio Público. Sin embargo, solamente tres tiene sentencia, según un informe de la Defensoría del Pueblo.

Ante ese panorama, activistas de derechos humanos y analistas aseguran que hoy, 11 de octubre, Día de la Mujer Boliviana, este sector de la población no tiene nada que celebrar; al contrario, debe denunciar las desigualdades, problemas sin resolver, mayor violencia política en un sistema patriarcal-machista donde se mantiene el “monopolio masculino en el ejercicio del poder”, dijeron.

Existen decenas de hechos que quedan en la impunidad, como la muerte de la concejala Juana Quispe hace 11 años, que sirvió para impulsar la promulgación de la Ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política en 2012.

Sin embargo, los activistas sostienen que, pese a que existe normativa para proteger a la mujer, ésta no es suficiente para frenar los delitos de acoso político.

Al respecto, la politóloga Patricia Velasco Burgos refirió que las prácticas habituales de estas acciones son la presión, persecución y hostigamiento, entre otras.

“El tener mayor participación en la política no significa mayor poder; por el contrario, acceder a estos espacios se ha constituido en riesgo para la integridad de la mujer, porque son sometidas a presiones, hostigamiento para que renuncien contra su voluntad a cargos electivos o de designación, chantajes económicos e incluso llegar a asesinatos o muertes por odio político”, explicó.

Recordó que, hace 11 años, en marzo de 2012, la concejala aimara Juan Quispe fue hallada muerta en una quebrada de La Paz, un hecho que queda en la impunidad, un caso sin sentencia.

Sin cambios

La socióloga Sonia Montaño, fundadora del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, manifestó que, pese a todas las leyes y discursos, Bolivia figura como uno de los países con mayor violencia.

“Si bien la participación de la mujer en la política es un orgullo y todo el mundo dice ‘Bolivia es un ejemplo’; las mujeres son la mitad del poder político, (...) pero el acceso al poder no ha significado un cambio cultural, para mejorar”, sostuvo.

Invisibilizadas

Velasco señaló que hay espacios políticos en los cuales las mujeres permanecen invisibilizadas, como en la conducción de partidos políticos, además que en este escenario de las primarias, que se acercan, la disputa está entre representantes masculinos.

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, señaló que hasta mayo de 2023 se registraron 541 procesos penales por delitos de acoso y violencia política a mujeres, pero que sólo se dieron cuatro sentencias y ninguna en casos graves, 54 se encuentran en proceso y el resto fue cerrado.

Normativas

Bolivia cuenta con cinco leyes en favor de los derechos de las mujeres: a) Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (Ley N° 348); b) Ley Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las mujeres (Ley N° 243); c) Ley contra la Trata y Tráfico de Personas (Ley N° 263); d) Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación (Ley N° 045), y e) Ley de Control Social y Participación Ciudadana (Ley N° 341). Además, la CPE contempla 21 artículos para la protección y garantía de los derechos de las mujeres.

El caso de la concejala Quispe sigue impune

La muerte violenta de la concejala Juana Quispe fue fundamental para impulsar la promulgación de la Ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política en 2012.

A la fecha, la familia de la autoridad no ha encontrado justicia, pese a que, en marzo de 2022, el Ministerio Público presentó acusación.

El delito de Juana Quispe fue postular en las elecciones subnacionales de 2010, pero con una sigla diferente al MAS.

Los principales sospechosos de su muerte son el entonces alcalde de Ancoraimes, Félix Huanca, y Pastor Cutili y Basilia Ramos, presidente y vicepresidenta del Concejo Municipal, respectivamente, todos del MAS. Antes, Quispe sufrió el acoso reflejado en cambio de los lugares de las sesiones, impedir el ingreso al edificio edil y agresiones físicas.

Meses antes de su muerte, la concejala relató que “en una ocasión, los grupos de choque contrarios a Quispe le arrastraron violentamente por la plaza del pueblo y amenazaron con quemarla viva para obligarle a renunciar y a desistir de su demanda. Esto delante de su hijo, que entonces tenía 10 años”.