La Constitución Política del Estado manda en el Artículo 8. II que “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”. El Artículo 26 I establece que “Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres”. Y varios artículos son relevantes para la protección y garantía de los DERECHOS de las mujeres: 8, 9, 11, 13, 14, 15, 21, 25, 26, 62, 63, 66, 82, 144, 147, 209, 210, 241, 242, 270 y 278.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas, comprometen al Estado a “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”. El Estado los asume en materia de Derechos Humanos, en los acuerdos internacionales que obligan al cumplimiento a todos los órganos y niveles del Estado.
En ese avance, el Departamento de Santa Cruz cuenta con la Ley Departamental Nº 124 de 20 de septiembre de 2016, promulgada por Rubén Costas Aguilera, Gobernador del Departamento de Santa Cruz. Decreta: “Ley de Igualdad y Oportunidades para la Mujer. Artículo 1º (OBJETO).- El objeto de la presente Ley es la institucionalización en el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz de políticas de género que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y generen oportunidades y condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres”.
En cuanto a los fundamentos de derecho de esta ley, el Estado boliviano en diversos convenios internacionales ha asumido el compromiso de formular y ejecutar políticas de igualdad de género, tanto en los niveles nacionales como subnacionales, así como desarrollar y fortalecer mecanismos para el avance de las mujeres. En virtud de las obligaciones contraídas en la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Plataforma de Acción de Beijing, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer —Convención de Belém do Pará— y los Consensos de Brasilia y Santo Domingo, éstos últimos adoptados por la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.
Hoy en el Senado boliviano, donde más del 50% son mujeres, las senadoras exigen que se cumpla la Norma Suprema para dirigir esa cámara. Así se daría cumplimiento al Art. 8, con la IGUALDAD de oportunidades y equidad de género en la toma de decisiones del Senado, y acatando lo que dice el Art. 26 sobre la participación equitativa, en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.
La igualdad de oportunidades es un ideal basado en el principio de que una sociedad es libre y justa cuando las personas tienen los mismos derechos, sin importar el rango económico, sexo, religión o la procedencia geográfica. Por ello las políticas públicas de igualdad de oportunidades están encaminadas a promover la plena integración de mujeres y hombres en la vida política, social y económica, favoreciendo que la igualdad formal se convierta en igualdad real. Y la equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones, y formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades de cada uno(a) de ellos (as), que permitan y garanticen el acceso a los derechos que tienen como ciudadanos(as).
Por ello es importante democratizar el poder político y que una mujer asuma la dirección del Senado, dando lugar a la igualdad de oportunidades, que fue motivo de una lucha y sacrificio de décadas. Es la respuesta que esperamos las mujeres que somos más del 50%, que somos generadoras de vida, núcleo de la familia y base de la sociedad de Bolivia.

La autora es Abogada, Economista, ex Asambleísta Constituyente.