Día que pasa nos acercamos al, para unos, temido apagón de altos cargos del sistema de justicia cuando el próximo 31 de diciembre los actuales cesarán indefectiblemente en sus funciones o, al menos eso dice el artículo 183 de la Constitución Política del Estado (CPE): que su periodo dura seis años y además no podrán ser reelegidos.

Mientras que la ch’ampa guerra entre los “hermanos” del oficialismo, o lo que queda del mismo, arrecia y se expande hacia todos los ámbitos posibles, ya muy pocos nos acordamos que ese papelito llamado Constitución sólo prevé, aunque no nos guste, un solo mecanismo de elección de esos altos cargos —demostrablemente fracasado, pero vigente— consistente en la llamada “elección popular”. Peor aún, los constituyentes, con la aprobación posterior de más del 50% del soberano, lo introdujeron para bien o para mal a la flamante CPE de 2009, aquella aprobada a sangre y fuego en la masacre de La Calancha (impune, por el momento) y es lo que debiera cumplirse no más. No hay otra. Todo un cerrojo constitucional.

El pequeño gran detalle es que la casta política de todos los colores representada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no ha dado la talla nuevamente y, con la complicidad dolosa u obediencia ovejuna de algunos de los que están en los estertores de sus funciones, ha chicaneado hasta el delirio el ya complicado proceso previo, pateando al córner de las calendas griegas sus leyes o proyectos destinados a soportar el nuevo proceso de elección.

Proceso que, insisto, por muy fracasado que haya resultado más allá de toda duda razonable por las anteriores dos “elecciones” en las que la doctorita Blanco Nulo de Pifiado ganó y por goleada, le metieron no más arrastrando no sólo su ilegitimidad de ingreso sino de desempeño, hasta extremos grotescos como la invención del “derecho humano” de su exjefazo, la desaparición de la sentencia de rebeldía o la consideración como delitos de lesa humanidad de las lesiones leves, pasando por la venta de pegas judiciales o la asignación de cuotas a los movimientos sociales.

A propósito, el Ministerio de Justicia acaba de largarse una perlita, por su obviedad, al sostener —acordándose del proceso congelado— que: “La posición oficial del Gobierno es que el 31 de diciembre tenemos que encontrar una solución en el ámbito de la CPE”. Faltaba más. Lo temible es que se le meta no más y se invente algún equivalente al “derecho humano” o alguna otra deposición para darle la vueltita como acordeón a la pobre CPE y, por ejemplo como suena en el foro, so pretexto del vacío (que no es tan fiero como lo pintan): a) se alargue las funciones a los actuales; b) se le meta no más un decretazo, ley corta o cualquier otro engendro, para nombrar a dedo a otras altas autoridades judiciales transitorias o provisorias; o, c) se convoque a los presidentes o vocales de los tribunales de justicia departamentales, para asumir esas funciones, para los que no han sido elegidos.

Todas esas “soluciones” irían contra la CPE que, como líneas arriba señalo, prohíbe la reelección de los actuales, pone fecha de caducidad a sus funciones y, además, prohíbe que las funciones de los órganos públicos sean reunidas en uno sólo o sean delegables entre ellos e incluso, impide a la ALP o a cualquier otro órgano o institución, asociación o reunión popular, conceda a órgano o persona alguna facultades diferentes de las constitucionales; veda acumular el poder público u otorgarse supremacía por la que nuestros derechos queden a merced de órgano o persona alguna (Arts. 12. III y 140). Peor todavía, la misma CPE castiga con nulidad los actos de aquellos que usurpen esas funciones que no les competen, así como de los actos de las que ejercen potestades que no emanen de la misma.

Así que no existen “salidas” así sean “imaginativas” que puedan urdirse por fuera de la CPE. Si es que Bolivia es de verdad un Estado de derecho sujeto al imperio de la CPE, la elección de esos altos cargos debe hacerse desde y para la Constitución. Así las cosas, parece ya un exotismo eso de cumplir la CPE, pero, padeciendo —como ya me es crónico— de ingenuidad constitucional galopante, cabe aquí recordarlo pues me temo que so pretexto de que el plazo fatal se avecina, ya nadie se esté acordando o, peor aún, muchos se estén resignando a que se le meta no más recurriendo a la “doctrina Morales”. Pablo Marat lo puso clarito: “El Estado de derecho es una especie exótica europea que no puede aclimatarse en estas tierras”.