“En este proceso se va a debatir si existe o no, en materia penal, lo necesario para una condena o lo que corresponde en derecho”, explicó Vargas.

Las pruebas han sido puestas por las instituciones ya mencionadas, basadas en informes de la Unidad de Investigaciones Financieras, que de acuerdo al informe que consta en los actuados, no habría relación entre el patrimonio de Montes y su esposa con sus recursos generados mediante salarios.

“Él tiene que demostrar de dónde ha obtenido los bienes. El estudio de la UIF indica que acorde a su declaración jurada, Montes no superaba el millón de bolivianos de patrimonio (1.845.000), pero sumando los sueldos desde el 2000 al 2010 no alcanza para cubrir la proporcionalidad del patrimonio que ahora ostenta. Lo lamentable es que en esta fase ya no puede incluir contratos privados, préstamos como respaldo, pues no los hay. Esto genera una duda grande y como se trata de un probable daño entonces deberá demostrar su inocencia porque el juicio va a continuar a la brevedad posible”, recalcó.

Estese proceso fue iniciado el 2012, por la Unidad de Investigación Financiera, dependiente de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero e investigado por el Ministerio Público.
“Nosotros, conforme a lo que estipula la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, tenemos que constituirnos en parte del proceso y ha sido reconocida nuestra calidad de víctima, toda vez que todos los bienes que ostenta el señor Montes, más de cinco casas, con el sueldo que tenía de alcalde era difícil adquirir esos bienes”.