Como producto de las últimas décadas de desorientación en Bolivia, en el curso del presente año han emergido intentos destinados a poner orden y hacer que la actividad política ingrese al cauce natural de su existencia. Esos esfuerzos se han agudizado en el curso del presente año con la movilización de sectores sociales y por los problemas que cayeron sobre el país, debido a corrientes utópicas de corte populista que solo produjeron inquietud y crisis económica.
En ese proceso, algunas tiendas políticas han encontrado dificultades y se ha visto su próximo final, mientras otras no han dejado de organizarse y formular programas de gobierno e inclusive hacer conocer posiciones ideológicas, aunque no siempre con la claridad que se requiere.

En el desarrollo de esas condiciones históricas, el ala arcista del MAS convocó recientemente a un cabildo público, el mismo que se realizó en la ciudad de El Alto, cuyas decisiones se tradujeron en un documento con 19 mandatos políticos, aprobados por los asistentes, aunque no recibieron la suficiente difusión y explicación, para el conocimiento de la población interesada.
Ese manifiesto político comprende aspectos generales y de detalle, siendo los más importantes los de carácter genérico, como proponer un estado de emergencia nacional y consolidar las organizaciones sociales del país, encargadas de atender cuestiones de nivel nacional. En particular, el cabildo aprobó un punto que dice “Desconocer el evento de Lauca Ñ, por ser una traición a las organizaciones sociales, así a como los principios fundamentales del pueblo”.
Otros puntos más concretos se refieren a luchar por la integración nacional, a cuestiones de salud y a evaluar y ajustar el gabinete ministerial, viceministerios y otras dependencias del Estado con autoridades con conciencia, que respeten las conquistas históricas. También se exige la puesta en marcha de una profunda acción de gestión pública, y la reforma judicial.
Entre otros objetivos se pide medidas rápidas, urgentes y para la defensa de la Madre Tierra contra la contaminación. Sin embargo, llama la atención que el cabildo no hubiese hecho referencia a si la Constitución vigente es cumplida, a la cuestión agraria, a la situación de lugares con bosques, ríos y abundantes recursos naturales, que hoy están en riesgo por avasallamientos. Tampoco fueron mencionados asuntos como el de las aguas de manantiales del Silala y otros de actualidad. En todo caso, la iniciativa política, a pesar de que aborda algunos aspectos de actualidad de la vida nacional, no satisface a la opinión pública que esperaba que del tan publicitado cabildo salieran determinaciones para enmendar todo lo malo que se hizo hasta ahora.