El ministro de Justicia, Iván Lima, volvió a descartar que el Gobierno vaya a emitir un Decreto Supremo para designar magistrados ante el retraso en las elecciones judiciales y planteó llegar a un acuerdo en el marco de la Constitución para definir mandatos temporales hasta que se realicen los comicios.

En contacto con la prensa, Lima afirmó que corresponde a la Asamblea Legislativa, en coordinación con el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), analizar ajustes a la Constitución y definir los mandatos temporales que deberán entrar en vigencia a inicios de enero del 2024.

Recalcó, en ese sentido, que la posición del Gobierno es respetar la Constitución y que el mandato de los actuales magistrados y consejeros concluya a fin de año.

“La Constitución señala claramente que podemos tener un mandato temporal (pero) no puede prorrogarse nadie en su mandato (…) Si los diputados son elegidos por 5 años y los magistrados y consejeros por seis años hay que cumplir la Constitución”, aseveró Lima.

Y añadió: “La posición oficial del Gobierno (es que) el 31 de diciembre tenemos que encontrar una solución en el ámbito de la Constitución (Política del Estado)”.

El Ministro de Justicia recordó que existe una Ley referida a las elecciones judiciales que está en consulta en el TCP y cuya sentencia se conocerá dentro del plazo legal (30 días).

“Esperemos la decisión del TCP (…) Es un tema complejo, pero que tiene el mayor interés del Gobierno de garantizar una transición ordenada en el ámbito de nuestra Constitución el 31 de diciembre”, acotó.

El mandato de los magistrados, que fueron posesionados en 2017, culmina el 2 de enero de 2024; por eso que el 3 debieran asumir los cargos los ganadores de los comicios judiciales.

Las elecciones judiciales debían desarrollarse en diciembre de este año; sin embargo, entre desacuerdos en el Legislativo y recursos constitucionales, el proceso fue aplazado sin fecha.

Desde la Comisión de Constitución de la Cámara Baja se espera que las judiciales puedan desarrollarse durante el primer semestre del 2024, una vez se conozca el fallo del TCP y la respuesta de otras instituciones respecto a la Ley de las Elecciones Judiciales que ya fue aprobada en el Senado.