Cada año son más reveladores los movimientos ocultos detrás de los fondos del Estado de “servidores” de todo nivel en nuestros estados. La Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, y las demás instituciones fiscalizadoras y que velan por los intereses de la sociedad y el Estado, por lo general, tienen un papel complaciente que se expresa en la indiferencia y desidia que muestran cuando algún valiente denuncia. Esta conducta de nuestros servidores facilita y alienta la corrupción.

Odebrecht es un ejemplo reciente de megacorrupción, por casos de tráfico de influencias y lavado de activos, que llega a gran parte de América Latina e inclusive a Estados Unidos y África. Éstos han tenido efectos importantes en la política de cada país, al punto de producir la debacle de gabinetes y de presidentes como Alberto Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Dilma Rousseff, Otto Pérez Molina y últimamente Alejandro Toledo, sobre quien pesa orden de captura internacional para que cumpla la decisión judicial de prisión preventiva de 18 meses mientras es procesado. Otros casos de corrupción serán visibles a futuro, cuando sean recuperadas algunas instituciones democráticas, y vinculen a algunos actuales gobernantes de nuestra América.

El otro nivel de corrupción que campea, por ejemplo en gran parte de la Región Andina, es en los municipios a nivel de distritos, provincias y en los gobiernos regionales o departamentales. Aquel acto de corrupción que involucra la pérdida de 5.000 ó 15.000 soles, pesos o dólares, que por ser minucia no merece mayor atención de los órganos de control y fiscalización estatal y la prensa de investigación. Los actos de corrupción en “provincias” difícilmente serán vistos en la sede de Gobierno o Capital, a no ser que antes haya sangre, muerte o toque intereses de algún grupo económico transnacional afín al Gobierno de turno.

El centralismo imperante impide ver a los latinoamericanos que la corrupción no sólo está en las grandes urbes y que por su ubicación geográfica y sus montos la corrupción menuda no es trascendental. También reprime hacer una valoración objetiva del daño que se genera a la población que, entre otras cosas, es privada de servicios básicos que hoy constituyen universalmente derechos humanos (salud, educación, justicia, etc.) y convive con la impunidad al punto de asumir la corrupción como “normal”. Vivimos, en esa línea de situaciones, tiempos de descomposición del poder político, económico, burocrático y control e instrumentalización de instituciones clave del Estado. La red de corrupción judicial y sus vínculos con políticos en Perú, refleja esta pesadilla.

En esa perspectiva y valorando nuestro contexto de país, considerando que en varios se avecinan elecciones nacionales y subnacionales, es la población la llamada a desechar la mordaza, la pasividad y el miedo y asumir un papel de efectivo control al poder eligiendo bien. Ningún político corrupto merece representarnos y gobernarnos. Las urnas son la vía democrática para decidir si seguimos en la vía de la corrupción o para erradicarla de nuestra sociedad.