En días pasados, a través de su oficina de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaba su preocupación ante los desafíos que se presentan en el proceso de elección de las autoridades para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura que pueden debilitar el funcionamiento del sistema de justicia de Bolivia, indicando que urge al Estado, en particular a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), a adoptar medidas efectivas para garantizar la independencia de los poderes y el debido funcionamiento del sistema de justicia, en cumplimiento de los estándares interamericanos.

Me quedo con algunos términos de este comunicado: “desafíos” y “que pueden debilitar”, sobre ellos, aclaro que los cuestiono, pero entiendo su utilización dada la naturaleza del órgano que emite la declaración, pero que como boliviana y jurista estoy harta de ellos.

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Vamos con el primero. Las elecciones judiciales constituyen una obligación constitucional, lo mismo que la preselección, previstas y establecidas en el texto constitucional. Desafío era reformar parcialmente la CPE, corregir las fallas estructurales del diseño de esa preselección política partidaria, darle al ciudadano y ciudadana de decidir realmente positiva o negativamente sobre este tema, entre otros cambios urgentes y necesarios. ¿Cuál desafío? ¿Repetir más de lo mismo? Esta vez con un mal gravísimo: El cuoteo partidario.

Y voy al segundo término. El sistema de justicia en Bolivia hace rato que está debilitado, casi destruido en los últimos 15 años, de agencia de cobranza de deudas civiles ha pasado a sucursal de persecución política. ¿Puede debilitarse entonces?

La Comisión Interamericana –en su comunicado- nos recuerda acertadamente que la independencia e imparcialidad de los órganos judiciales está íntimamente vinculada a los procesos de nombramientos y selección de magistraturas –como lo hemos dicho hasta el cansancio los Juristas Independientes a tiempo de fundamentar los motivos por los que la preselección no debe estar en manos de la Asamblea Legislativa sino a cargo de una Comisión Nacional de Postulaciones-. La Comisión nos dice que estos estándares son: la garantía de acceso igualitario e incluyente de todas las personas candidatas; la calificación con base en mérito y capacidades profesionales; la participación de la sociedad civil para un efectivo control social; procesos libres de influencias políticas.

Y concluye la Comisión Interamericana recordándonos que la separación e independencia de los poderes públicos es un elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia representativa.

En atención a que la Comisión Interamericana indicó que la calificación –entiéndase para la preselección- debe realizarse en base a méritos y capacidades profesionales, debió incidir en dos aspectos fundamentales en los que el Proyecto de Ley para las Elecciones Judiciales se equivoca: 1º la exclusión de las entrevistas y el examen de competencia; y 2º la inclusión de la votación por plancha. En el primer caso, eliminando los instrumentos necesarios para indagar y conocer con certidumbre el nivel de conocimiento, capacidades y especialidades de los postulantes; y en el segundo retornando al cuoteo partidario ya la negociación pactada, mal
que se anunció superado por la elección popular de máximas autoridades judiciales.

Lo afirmo así, porque ya estoy cansada de las sugerencias ambiguas, latas, suaves, diplomáticas, cuando el sistema de justicia de justicia se está desmoronando, cuando de independencia ya no queda nada, cuando litigar es un acto de heroísmo.

Aplaudo los recordatorios aunque en mi fuero interno, reconozco que me hubiera gustado que hubiera sido emitido por la Defensoría del Pueblo de Bolivia mediante una firme y contundente carta con el sello del Defensor del Pueblo dirigido a unas cuantas autoridades a quienes hay que recordarles la CPE y esto que nos dice la Comisión Interamericana. Si, ya sé, no hay la musculatura necesaria (en sentido figurado) para enviar semejante recordatorio. Pero, insisto, recordar –al igual que soñar, no cuesta nada, es gratis!