A 77 días de que las más altas autoridades judiciales del país concluyan con su periodo de seis años, bolivianos de las 10 ciudades capitales calificaron su trabajo y los aplazaron. Ocho de cada 10 no confían en la administración de la justicia y consideran que la corrupción, la falta de respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia son los males que continúan corroyendo al sistema judicial boliviano.
Esta percepción se encuentra registrada en una encuesta levantada por la empresa Ipsos-Ciesmori, encargada por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) con el apoyo de International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) o, traducido al español, el Centro Internacional para el Derecho sin Fines de Lucro, una alianza de varios centros similares que, según sus principios, declarados en la página web de ICNL, trabajan “por fortalecer el entorno legal para la sociedad civil, la filantropía y la participación pública en todo el mundo”.
LOS DATOS
De acuerdo con los datos de la consulta, el 85% de los bolivianos considera “poco y nada confiable” a la justicia, mientras que el 14% cree que “es muy confiable y algo confiable”.
A nivel de ciudades, la percepción es la siguiente: Santa Cruz registra el mayor porcentaje de rechazo con 90%. Luego se ubica Trinidad con 89%, Oruro con 88%, Sucre y La Paz con 86%, Cochabamba con 84%, Tarija 83%, Potosí 82%, mientras que Cobija y El Alto aparecen en último lugar con 78% de rechazo.
MALES DE LA JUSTICIA
Otra de las consultas de la encuesta está relacionada con los problemas que aquejan a la justicia.
El 59% de los consultados creen que existe una corrupción generalizada, el 30% que no hay respeto a los derechos humanos y, finalmente, el 22% que la población no tiene acceso a la justicia.
CORRUPCIÓN
Sobre el tema de la corrupción, La Paz (67%) encabeza la lista de ciudades donde las personas consideran que hay más corrupción en la justicia.
Sucre, Trinidad y Tarija con el 60%. Posteriormente aparecen las capitales de El Alto (58), Cochabamba (57) y Oruro (53). Mientas que Potosí (48%) y Cobija (38) son las ciudades que consideran que hay menos corrupción.
DERECHOS HUMANOS
Cobija (38%) es la ciudad donde más perciben que no hay respeto a los Derechos Humanos en el país. Luego se ubican Potosí (35%); Santa Cruz (33%); El Alto (32%); Oruro (31%); Sucre, Tarija y La Paz (27%); Cochabamba 26% y, finalmente, Trinidad 16%.
ACCESO A LA JUSTICIA
Trinidad aparece como la ciudad que registra el dato más alto sobre falta de acceso a la justicia. Posteriormente, se ubica El Alto (26), La Paz (23), Santa Cruz (22) Cochabamba (21), Oruro 18, Sucre y Tarija 17, 15 Cobija y, finalmente, Potosí con el 12%.
La administración de la justicia atraviesa otro mal momento por el resultado de su trabajo y la percepción de los bolivianos que, prácticamente, aplazaron a sus administradores. Con la nueva Constitución Política del Estado (CPE) aprobada en 2009 se dio paso a la elección de las más altas autoridades judiciales a través del voto popular y se pensaba que iba a ser la solución al problema que se arrastraba por décadas, pero, al parecer, hasta la segunda elección, son más los aspectos negativos que los positivos.
La primera generación de magistrados electos fue en octubre del 2011 y asumieron funciones el 3 de enero del siguiente año. La segunda elección se realizó en diciembre el 2017 y fueron posesionados el 3 de enero de 2018. Los actuales magistrados concluyen su mandato constitucional el 31 de diciembre, después de seis años.
Este proceso debía repetirse en esta gestión, pero por reiterados conflictos legales la elección quedó trunca. Y hasta hoy no existe un acuerdo político para fijar una nueva fecha con el fin de elegir a la tercera generación de autoridades judiciales producto de las urnas.
PRINCIPALES PROBLEMAS
Los encuestados también identificaron cuatro problemas en el país. En primer lugar, la crisis económica (34%), luego la corrupción (18%), el desempleo (11%) y, finalmente, el 4% de los bolivianos consultados consideran que hay problemas en el Gobierno y sus autoridades.
Trinidad es la ciudad donde la mayoría (58%) piensa que hay crisis económica, seguida de Cobija con 48%, Cochabamba 40%, El Alto 39%, Tarija y Potosí 35%, Santa Cruz 32%, Sucre y Oruro 29% y, finalmente, La Paz con 27%.
FRAUDE DE 2019
El 70% de la población cree que en 2019 hubo un fraude electoral que llevó a la crisis de octubre y noviembre de aquel año, mientras que el 24% considera que esa afirmación es falsa.
Según la encuesta de este 2023 encargada por Unitas, el 51% de los consultados cree que es falsa la afirmación de que, durante la crisis de octubre y noviembre de 2019, se produjo un golpe de Estado, tal como sostienen el Movimiento Al Socialismo (MAS) y el gobierno de Luis Arce. En contrapartida, el 41% afirma que es verdadera la versión del golpe.
El estudio también refleja que el 72% de los consultados cree que los sucesos y las muertes producidas en Senkata, Sacaba y otros puntos del país, en dichos meses de 2019, “no están claros hasta la fecha”.
Comparando la encuesta realizada por Unitas el año 2020, cuando también indagó sobre el “golpe” y el “fraude”, los resultados muestran que no hubo grandes variaciones en cuanto a la percepción de la gente, pese a que diversos actores del oficialismo político se esforzaron por instalar la idea del golpe.
En 2020, el 58% dijo que sí hubo golpe y el 39% consideró que no hubo. Entre tanto, el 73% opinó que hubo fraude, frente al 21% que respondió que esa afirmación era falsa.
ACTORES ESTRATÉGICOS
La encuesta incluye una evaluación de los actores estratégicos, que son calificados en una escala de 1 (pésimo) al 7 (excelente).
Para los habitantes de las nueve ciudades capitales más El Alto, las Fuerzas Armadas tiene una mejor percepción con el 3,5% mientras que la justicia (2,5%) se encuentra al otro extremo con la menor calificación.
En medio se ubican la Defensoría del Pueblo (3,4%), las gobernaciones (3,3%), las alcaldías y el Órgano Electoral (3,2%), el Gobierno nacional (3,1%), funcionarios públicos (3%) y la Policía (2,8%). [P]
La señal para muchos desafíos
Luis Alberto Ruiz, Abogado constitucionalista
L
os datos de la encuesta reflejan mensajes que pueden constituir la peor señal del malestar ciudadano hacia el poder político, coincidente con los 41 años de democracia que vive Bolivia a partir de la mala administración de justicia, la crisis económica y la corrupción pública que, durante los últimos años, se ha acentuado en el sentir de la gente.
Pensar que seis de cada diez ciudadanos piensan que la corrupción en el sistema judicial es el principal problema, nos muestra que, durante 17 años, el partido en función de gobierno ha descuidado por completo a este Órgano del Estado que ha sufrido una excesiva politización en la administración de justicia con fines netamente políticos y partidarios.
La sensación de “poco y nada confiable” que inspira el sistema judicial, nos indica que ante una eventual elección judicial habría un gran ausentismo ciudadano y esto haría que los futuros magistrados ingresarían con la peor legitimidad de la historia. Esto plantea otro desafío al poder político para revisar cuanto antes el sistema de preselección de candidatos a magistrados.
Este panorama está anunciando que, si el próximo gobierno no toma medidas adecuadas para corregir la justicia, el desencanto ciudadano puede manifestarse con un voto castigo hacia los actores políticos porque ellos son los principales responsables de esta debacle no sólo judicial, sino ya del sistema democrático.
Y no se necesita tener más pruebas que mirar el otro cuadro de la encuesta, cuando la gente califica casi de pésimo el trabajo del gobierno central y el Órgano Electoral, mientras que el Legislativo ni si quiera es tomado en cuenta para una evaluación ciudadana. Las FFAA tienen mejor perfil y la Policía no termina de salir de los lugares más bajos en percepción ciudadana positiva.
La crisis económica puede marcar un elemento central para las próximas elecciones y también puede ser un tremendo desafío a partir del hecho que el siguiente gobierno recibirá un país al borde de la quiebra y con múltiples necesidades, por no decir, mayores índices de pobreza. Es hora que los partidos perfilen propuestas coherentes no sólo con la realidad sino con la necesidad nacional, porque está claro que el desempleo es la principal consecuencia del mal gobierno.
Se puede observar que el síntoma de malestar ciudadano está presenten en todas las capitales de departamento y este panorama no es buen augurio para que el actual Gobierno llegue con las mejores posibilidades para reproducir el poder el 2025. [P]
“Arrima el despreciable Estado autoritario”
Marco Baldivieso, Abogado constitucionalista
S
obre la confianza en el sistema judicial, cuando se dice que la crisis del sistema tocó fondo, realmente se hace una alusión directa a la ausencia –casi total– de confiabilidad en nuestros jueces, fiscales, y abogados en general; solo el 14% tiene alguna esperanza, sin mencionar que un gran porcentaje de ese reducido grupo opina que es “algo confiable”, o sea poco confiable. Así, la cifra de bolivianos que han perdido la convicción y desconfían de la justicia superaría fácilmente el 90%, 9 de cada 10 ya no creen en nuestros jueces y fiscales.
Problema serio para el Estado de Derecho, que precisamente se sustenta en normas interpretadas y aplicadas por jueces confiables; “la mesa coja” se cae con todo el esquema del “Gobierno de la Ley”, se rompe el “Contrato Social” ya sin propósito. Arrima el despreciable Estado autoritario –con la venganza privada y el ojo por ojo– el ciudadano ya no encuentra soluciones, sino más conflictos en los tribunales.
En cuanto a los principales problemas del sistema de justicia, no sorprende que la corrupción se identifique como el principal. Los escándalos de consorcios, coimas, compra de cargos, injerencia política directa, hasta las trampas –chanchullos– en los exámenes de postulantes, han minado y terminado de arraigar la poca credibilidad en los tribunales de injusticia.
Ya es irrefutable: la corrupción campea y se acrecienta día a día. Así se percibe en siete de las principales ciudades de Bolivia; es el principal problema del sistema judicial –ratificando este dato en La Paz, llegando casi al 70%–. Como consecuencia previsible de la corrupción, sus secuelas más perceptibles son las lesiones constantes a los derechos humanos y el difícil acceso a la justicia.
Los principales vulneradores de los derechos humanos son los fiscales, jueces y funcionarios judiciales; actúan contra personas que acuden a los tribunales –y otras de sus reparticiones– buscando resguardar sus derechos, y acaban siendo víctimas de los supuestos protectores.
Sobre la evaluación de instituciones y entidades, hace un par de décadas la Policía se llevaba las críticas más ácidas y, por el contrario, la prensa y la Iglesia católica los galardones de confiabilidad. Los tribunales tenían cierta aceptación y algún rechazo, como para situarse entre los “regulares”. Hoy ha decrecido la convicción en las instituciones, la politiquería se ha encargado de borrar la meritocracia, hasta prescindir de la vocación, capacidad e idoneidad, en el servicio público; ahora basta el carné del partido y saber amarrar guatos; sin embargo, de la decadencia institucional generalizada, da mucha pena ver a los tribunales de injusticia ganándole a la Policía el nivel más bajo de aceptación. [P]
