En el presente mes de agosto sesionará una comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza en Bolivia sobre la denuncia presentada por los líderes indígenas del TIPNIS en contra del Estado Plurinacional de Bolivia por vulneración de sus derechos.

Para esta ocasión la Fundación Tierra presentó esta semana la revista Cuestión Agraria N. 4 con artículos sobre diferentes aspectos del conflicto del TIPNIS. Esta es una contribución muy importante para el debate público sobre el modelo de desarrollo en Bolivia, los derechos de los pueblos indígenas y la protección de las áreas protegidas y de la Madre Tierra.

Para comprender mejor el conflicto del TIPNIS con el gobierno del MAS –que está cumpliendo siete años– es importante recordar los profundos cambios del “proceso de cambio”. El gobierno del MAS inició con los tonos de transformación épica a nivel simbólico y político, y el decidido y esperanzado apoyo de los movimientos sociales populares.

En respuesta a los compromisos políticos con las organizaciones sociales, el entonces flamante Gobierno lideró la instauración de la Asamblea Constituyente, en agosto de 2006, con la amplia participación de los actores colectivos populares.

Se inauguró un periodo de transformaciones discursivas y políticas profundas, con la redefinición del horizonte de los cambios deseables, y posibles, que llegó a su expresión máxima en la nueva Carta Magna, aprobada en 2009, con la revalorización de la comunidad y de sus valores, y principios de vida colectiva, en contraposición a los valores y principios del proyecto político liberal.

La CPE estableció el reconocimiento, la promoción y la protección de la economía plural constituida por la economía comunitaria (sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios, y la visión propios de los pueblos y naciones indígenas originarias y campesinos), la economía estatal, la economía privada y la economía cooperativa. Diferentes colectivos se orientaron a impulsar el nuevo modelo de economía plural a través de la elaboración y aprobación de nuevas normativas.

Sin embargo, a partir de 2010, se fue debilitando la expectativa de fortalecimiento de un modelo de desarrollo alternativo con sostenibilidad ambiental y respeto por los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

En 2011 el conflicto entre el gobierno del MAS y los pueblos indígenas de tierras bajas en relación a la construcción del tramo de la carretera que atraviesa el TIPNIS, ubicado en los departamentos de Beni y Cochabamba, y territorio de los pueblos mojeño, yuracaré y chimán marcó una notable inflexión política del gobierno de Evo Morales.

Los pueblos indígenas denunciaron la vulneración de los principios constitucionales de la consulta previa, el consentimiento libre e informado, la autonomía de los pueblos indígenas sobre su territorio y los impactos socio-ambientales negativos de este megaproyecto. La intransigencia del Gobierno a favor de la construcción de la carretera movilizó a buena parte de la ciudadanía, que exigió coherencia con los compromisos políticos de transformaciones económicas estructurales.

El TIPNIS entra a la historia como el evento que visibilizó las contradicciones entre el discurso y la práctica del gobierno del MAS. El modelo efectivamente implementado entre 2006 y 2018 no abrió una ruta para la transformación del patrón extractivista a través del fortalecimiento de la economía social-comunitaria, en el marco de la pluralidad económica y del Vivir Bien. No se implementó políticas consistentes para transformaciones económicas estructurales en el marco de un proyecto de desarrollo alternativo.

Al revés, se ha profundizado el extractivismo (hidrocarburos, minerales y agroindustria de monocultivos) en alianza con el sector privado transnacional y nacional, en menoscabo de la sostenibilidad ambiental, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y la diversificación productiva nacional.

Los tres últimos decretos supremos aprobados en 2015 dejaron atrás las esperanzas sobre la gestación de un modelo de desarrollo alternativo en Bolivia, en la medida que autorizan el ingreso de empresas petroleras a las 22 áreas protegidas del país, además de hacer retroceder el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa sobre proyectos en sus territorios.

Así lo justificó el presidente Evo Morales: “Fundación que perjudique la explotación de los recursos naturales” en Bolivia “se tiene que ir del país”, amenazando que las ONG sufrirán el mismo destino que la cooperación danesa, expulsada del país por apoyar a los pueblos indígenas a promover los derechos de la Madre Tierra. También justificó la medida aclarando: “No seremos guardabosques de los países industrializados”. Y manifestó que las áreas forestales son una invención del “imperialismo norteamericano”.

Frente a los decepcionantes cambios del “proceso de cambio”, esperamos con gran expectativa la sesión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza en Bolivia.

Fernanda Wanderley es socióloga investigadora.