Se pronunció un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Advirtió que, a pesar de las fallidas elecciones judiciales este año, no puede haber un “vacío de poder” judicial, menos suspensión de plazo procesales, como prevé un proyecto de ley.

“(…) No podemos dejar de pronunciarnos de que haya un vacío de poder y ese vacío de poder signifique la suspensión de plazos procesales”, explicó en la transmisión digital La Razón Radio el magistrado José Antonio Revilla.

Magistrado

Hay riesgo de que “se ponga en total caos la exitosa labor de la magistratura”, que al primer trimestre de este año ha superado en más del 100% la resolución de causas con relación a la antigua magistratura, complementó el juez del TSJ, órgano que, precisamente, consultó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la viabilidad de la Ley de Elecciones judiciales 2022-2024, aprobado el 31 de agosto por la Cámara de Senadores.

Con base en el proyecto de ley propuesto por el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Hilarión Mamani, PL 144/2022-2023, la norma prevé comicios judiciales para la primera quincena de enero de 2024 y transición de magistrados y consejeros electos para mediados de febrero.

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Subalternos

El parágrafo I de la sexta disposición adicional del proyecto de ley establece que “el personal subalterno de estas instituciones” se haga cargo de la “transición”. Y el parágrafo III dispone que “quedan suspendidos todos los plazos procesales para todas las causas que se encuentren en trámite”.

“Y la posición del Tribunal Supremo es que no puede haber vacío legal, no puede romperse la institucionalidad judicial dejando vacío en las cabezas correspondientes”, insistió Revilla.

Deslindó responsabilidad del órgano que representa respecto de la incertidumbre sobre el proceso. “Cómo se soluciona ese vacío, no es opinión ni criterio del Órgano Judicial, sino de los actores políticos”, desafió.

La convocatoria y el reglamento de elecciones judiciales fueron anulados por el TCP a través de la Sentencia Constitucional 0060/2023, del 31 de julio, en respuesta a la acción abstracta de inconstitucionalidad interpuesta el 25 de abril por el diputado de Creemos Leonardo Ayala.

TSE

La decisión constitucional dejó en fojas cero el proceso y dejó en manos de la Asamblea Legislativa la responsabilidad de reencaminar las elecciones judiciales, que, en criterio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), no serán posibles este año, debido la incertidumbre sobre la ley de convocatoria y los plazos vencidos con creces.

Los actuales 23 magistrados, titulares y suplentes, del TCP, del TSJ y del Tribunal Agroambiental, además del tres consejeros del Consejo de la Magistratura, también titulares y suplentes, terminan su mandato de seis años el 3 de enero de 2024. Electos en diciembre de 2017, asumieron el cargo el 3 de enero de 2018.

Consultado Revilla sobre si es posible una prórroga de mandato a través de un decreto: “Nosotros somos conscientes de la conclusión del mandato” el 3 de enero.

“Si bien colateralmente corresponde esa preocupación (por el posible vacío de poder), somos absolutamente conscientes del periodo de funciones correspondiente”, insistió el magistrado.

La situación de incertidumbre de las elecciones judiciales, incluso reavivó los cuestionamientos sobre la administración de justicia en el país. Revilla reivindicó el trabajo de la última magistratura y dijo que los “datos son alentadores”: la mora judicial, “lo más lacerante”, ha disminuido 170%; la ampliación de nuevos juzgados llegó a 33% y la suspensión de audiencias se ha reducido en 18%.