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Los opositores hicieron denuncias ante la Corte IDH, además de diferentes representaciones ante la Organización de Estados Americanos, respecto a la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica.
El TCP estableció la “aplicación preferente” del artículo 256 sobre el 168, con base en el artículo 23 del Pacto, es decir, que los tratados internacionales están por encima de la Constitución Política del Estado cuando sean derechos más favorables, bajo este criterio avaló la repostulación sin límites de las autoridades electas.
En aplicación de esta sentencia constitucional, el MAS dice que la candidatura de Morales es “indiscutible” en las elecciones de 2019. El diputado Montaño manifestó que “no está en agenda” revisar la candidatura presidencial.
Acotó que para el partido gobernante la resolución del TCP sobre la repostulación “es la última voz”, porque ya no habría ningún argumento jurídico en el país que ponga en cuestión este tema, independientemente de que la oposición se “desgañite” cuestionando al Órgano Electoral o recurriendo a la OEA.
Aunque reconoce la competencia de la OEA, “lo que sí tendríamos que acatar (es) una resolución de la OEA, porque es vinculante. Nosotros somos firmantes y hemos realizado varias acciones jurídicas. También con el tema del mar”, afirmó.
Su colega Valeria Silva (MAS) también defendió el binomio oficialista de Evo Morales y Álvaro García Linera y aseguró que la sentencia constitucional del TCP se ha basado en la Convención Americana de Derechos Humanos, en consecuencia, “respetarán” el fallo de la entidad de control constitucional boliviano.
“La Corte tiene toda la potestad de interpretar, pero nosotros tenemos los fundamentos jurídicos con los que se ha presentado la solicitud de interpretación al TCP (y) son irrefutables, la Corte creemos va encontrar igual”, sostuvo Silva.
Lo que pasa es que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede fallar en contra de los tratados internacionales”, señaló al ser consultada si el Gobierno respetará una resolución de la Corte sobre el tema de la repostulación.