La Paz, 10 de octubre de 2023 (ABI).- Casualidades de la historia, pero octubre marca dos hitos, en dos momentos diferentes y con 38 años de diferencia sobre la recuperación de la democracia.

Era un domingo 10 de octubre de 1982 cuando tomaba el poder Hernán Siles Suazo, y dejaba un pasado de muerte y terror que caracterizó a las dictaduras militares que habían gobernado Bolivia desde 1964.

También en octubre, pero esta vez de 2020, Luis Arce ganaba las elecciones del domingo 18 con más del 55% de la preferencia electoral y recuperaba la democracia de manos de un movimiento cívico-político que, apoyado por un motín policial y la sugerencia militar de dimisión, tomó violentamente el poder en noviembre de 2019, interrumpiendo la democracia.
Dos momentos de la historia separados por 38 años.

Siles Suazo juró la tarde del domingo 10 de octubre de 1982 como presidente de Bolivia en instalaciones del viejo y exCongreso de la República, en el centro del poder político, donde se le reconoció su triunfo electoral de 1980, con la sigla de la Unidad Democrática Popular (UDP).

Jaime Paz Zamora era su vicepresidente

No fue un tránsito fácil el desembarco en la democracia. Los gobiernos de bota militar empezaron el 14 de noviembre de 1964 con el golpe de Estado del general René Barrientos al presidente Víctor Paz Estenssoro, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que no terminó su mandato y salió exiliado.

Un informe de la Comisión de la Verdad sobre las dictaduras de 1964 a 1982 da cuenta que durante el gobierno de facto de Barrientos se aplicó la Doctrina de Seguridad Nacional y se identificó como principal enemigo interno a los trabajadores mineros, por lo que fueron víctimas de una serie de violaciones de sus derechos humanos.

A la muerte de Barrientos, le sucede el vicepresidente Luis Adolfo Siles Salinas, quien a su vez fue derrocado por el golpe militar dirigido por el general Alfredo Ovando Candia, uno de los que combatió al Ejército de Liberación Nacional (ELN), en Teoponte, en el norte de La Paz.

Luego, entra al poder el general Juan José Torres, un militar de línea izquierdista. Co-gobierna con la Central Obrera Boliviana (COB) y consolida la Asamblea Popular, lo que termina acabando con su gobierno por otro golpe de Estado, el del coronel Hugo Banzer.

El 21 de agosto de 1971 se cancelaron las garantías constitucionales y todas las libertades democráticas. Banzer gobernó hasta 1978 con violencia y terror. Fue parte del Plan Cóndor, una alianza militar regional que cooperó para eliminar a progresistas y a quienes combatían a las dictaduras.

Banzer convocó a elecciones en 1977 y entró en escena la huelga de las mujeres mineras a la cabeza de Domitila Chungara, que se irradió en diferentes regiones. Las elecciones estuvieron marcadas por el fraude y fueron anuladas, lo que derivó en el golpe de Estado del general Juan Pereda, ganador de las justas fraudulentas, reseña la ABI en 2022.

Pereda convocó a elecciones para 1980, pero en el camino fue derrocado por el general David Padilla, quien llamó a justas para 1979. Ningún candidato logró mayoría y en el entonces Congreso se eligió al presidente del Senado, Walter Guevara, como presidente transitorio con la misión de convocar a nuevas elecciones para 1980.

Un nuevo golpe de Estado interrumpió el tránsito a la democracia. Esta vez Alberto Natusch dio un golpe, que se recuerda como la Masacre de Todos Santos, y tomó el poder, aunque no por mucho tiempo. La presión interna y externa lo obligaron a dimitir y se hizo cargo de la presidencia la presidenta de Diputados, Lidia Gueiler.

Gueiler convocó a elecciones que se desarrollaron en 1980, pero no terminó con la posesión de los ganadores.  El general Luis García Meza dio un golpe de Estado, uno de los más cruentos y marcado por la corrupción y el narcotráfico.

En agosto de 1981 renunció y un triunvirato militar se hizo cargo del gobierno. Uno de los triunviros, el general Celso Torrelio, fue designado presidente, pero un golpe abortado en julio de 1982 derivó en la caída de Torrelio y la toma de mando del general Guido Vildoso con la promesa de conducir la transición.

En octubre de 1982 se reunieron los parlamentarios que en 1980 no pudieron tomar posesión de sus cargos debido al golpe de García Meza y eligieron a Siles, primero en la preferencia popular en las elecciones de 1980, como presidente.

Democracia y ruptura en 2019

Desde ese momento comenzó un periodo democrático ininterrumpido hasta noviembre de 2019, cuando un violento movimiento cívico-político, apoyado por un motín policial y el desmarque de las Fuerzas Armadas de su rol constitucional, acabó con una ruptura del orden democrático.

A la forzada renuncia del entonces presidente Evo Morales, tomó el poder la senadora Jeanine Áñez, arropada por un acuerdo entre cívicos y partidos de oposición, mediado por la Iglesia Católica.

Era de la oposición y se hizo de la presidencia del Senado y luego de la presidencia de Bolivia en sesiones legislativas sin quórum.

Por la forma cómo llegó a la Presidencia fue condenada a 10 años de cárcel. En medio de la pandemia del Covid-19, las organizaciones sociales presionaron para que convoque a elecciones generales, porque ya las había diferido en al menos cuatro oportunidades con la consiguiente extensión de un gobierno marcado por la corrupción.

Finalmente, las justas fueron fijadas para el 18 de octubre, 38 años después de aquel 10 de octubre de 1982, cuando se recobró la democracia.

En esa jornada reciente los bolivianos se volcaron a los centros electorales y eligieron a Luis Arce Catacora en primera ronda y con más del 55% de la preferencia electoral.

Esa noche, las encuestas a boca de urna se hicieron públicas cerca de la medianoche, como no había ocurrido en el pasado. En los siguientes días había movimientos de grupos radicales, sobre todo en Santa Cruz, que se apostaban frente a los cuarteles pidiendo que tomen el poder y eviten que Arce jure como presidente.

Arce tomó el mando de Bolivia el 8 de noviembre de ese 2020 y este martes recuerda 41 años de la instauración de la democracia, con la interrupción perpetrada en 2019.

Durante el gobierno de facto de Áñez perdieron la vida más de 30 personas y decenas resultaron heridas por impactos de bala, en hechos que fueron calificados como masacres por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó la violencia y muerte de 2019.

Se trata de las masacres de Sacaba y Senkata, donde fuerzas policiales y militares intervinieron protestas de sectores sociales.

En el gobierno de Arce fue promulgada la Ley 1446 que garantizó Bs 99,9 millones para pagar una reparación a las víctimas de la violencia política en dictaduras de 1964 y 1982. Al menos 1.700 personas calificaron para recibir esta reparación por parte del Estado.

Mientras, están abiertos procesos por los hechos ocurridos en 2019 contra el entonces cívico y hoy encarcelado gobernador Luis Fernando Camacho, Áñez y otros implicados.