Medio: El Deber
Fecha de la publicación: lunes 09 de octubre de 2023
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Acoso y violencia política
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
Mario Galarza se refirió a la agresión a la senadora de oposición, Andrea Barrientos. La Defensoría del Pueblo aboga por la no violencia ni el acoso político a las mujeres
“Seguramente mostrará pruebas de si alguien le ha agredido (…) hemos tenido una discusión verbal. En cualquier escenario se generan este tipo de discusiones (…) Sin embargo, ha salido con toda tranquilidad, más al contrario, las personas que le acompañaron han tratado de agredir(nos)”, manifestó Mario Galarza, alcalde de Sipe Sipe, respecto a la agresión sufrida por la senadora Andrea Barrientos.
Este lunes, Barrientos presentó una querella en contra de Galarza por los delitos de discriminación, violencia política y obstaculización a labores de fiscalización, luego que el alcalde cochabambino azuzara a la gente en contra de la parlamentaria en un acto público.
Según Galarza, que dio una conferencia de prensa para abordar el tema, enviarán pruebas al Senado (sic) y harán su denuncia ante el Ministerio público.
“Extraño, ¿no? viene acá a visitar, convulsiona, y luego va a dar conferencias de prensa como víctima. Hay que ser muy descarado para hacer eso”, afirmó en referencia a Barrientos.
Sobre la movilización que ocurría en su municipio señaló que tiene fines políticos y acusó a Barrientos de manipular esa manifestación.
"¿Con los 'pititas', con los golpistas se van a reunir?", les había dicho a los comunarios de su Municipio, cuando estaban reunidos con Barrientos.
Defensoría
Desde la Defensoría del Pueblo emitieron un comunicado para exigir el respeto a las mujeres y evitar la violencia y el acoso político en su contra. Recordó la existencia de la Ley 243, que regula esta situación; asimismo, a la Constitución Política del Estado, que: “norma y ampara las tareas de fiscalización de las y los asambleístas que estas deben ser respetadas por todos los ciudadanos del país y en especial los funcionarios públicos”.
La Defensoría se comprometió a hacer el seguimiento, la investigación y la sanción según las normas vigentes.