El diagnóstico del expresidente Carlos Mesa (2003-2005) sobre el estado de la democracia en Bolivia apunta a un cambio institucional a través de una reforma a la Constitución, especialmente para cambiar la justicia y en lo político apuntó a la necesidad de lograr acuerdos nacionales.

— ¿Cómo están las instituciones al cumplirse 41 años de vida democrática?

El MAS y sus cuatro gobiernos le han hecho un incalculable daño a la democracia conquistada por el pueblo el 10 de octubre de 1982, uno de los mayores es la destrucción sistemática y brutal de las instituciones. En ese contexto, el perjuicio mayor está en la imposición de una dictadura que viola de manera flagrante la independencia de poderes.

El Órgano Ejecutivo controla todo el poder, ha sometido al Órgano Electoral; ha degradado y pisoteado la independencia del Órgano Judicial y lo ha convertido en el martillo de la persecución y la represión (presos políticos incluidos) de la oposición democrática. Por si fuera poco, el ministro de Justicia, hoy por hoy dueño de ese Órgano, pretende sujetar a través de ese mecanismo la independencia del primer Órgano del Estado, el Legislativo, coartando ilegalmente, a golpe de consultas, amparos y demandas ante el sumiso Tribunal Constitucional, el derecho de libre expresión, libre votación y libre decisión de los asambleístas. En lo urgente, basta comprobar la decisión del gobierno de Arce de bloquear la elección judicial y prolongar inconstitucionalmente el mandato de los actuales magistrados.

— ¿Qué ha cambiado en el país en estás cuatro décadas?

Hay dos momentos. El primero en el periodo 1982-2006, en el que se buscó -con luces y sombras- la vigencia plena de la Constitución Política del Estado, la inauguración de instituciones democráticas creíbles, como el Defensor del Pueblo, la libertad de expresión y de opinión y la construcción, por imperfecta que fuera, de un sistema plural de partidos políticos. El segundo en el periodo 2006-2023, en el que las promesas de cambio se diluyeron casi en la nada. Se avanzó inicialmente en el cierre de la página histórica de eliminar la discriminación, la exclusión y el racismo (que se había abierto en 1952 y continuado en 1982), acabando en un discurso de odio y un abismo de polarización, generando ideas de confrontación y enfrentamiento: étnico, urbano-rural y regional. Es imprescindible plantear en la propuesta para el 2025 un camino urgente de reconciliación nacional. 

— ¿Qué papel debería jugar la justicia en este momento y qué es lo que debe cambiar para evitar que el país avance hacia una corriente autoritaria?

Un papel esencial. Se requiere una nueva cabeza del Órgano Judicial elegida por voto popular. Inmediatamente después, una reforma constitucional que encuentre para el futuro el mejor método de elección de magistrados y promueva una reforma estructural y a fondo de todo el sistema de justicia y del Ministerio Público. El país debe conquistar como un imperativo esencial la genuina independencia del Órgano Judicial, sin la cual no podremos librarnos de una dictadura de hecho que padecemos bajo los gobiernos tanto de Morales como de Arce.

— Los fallos judiciales incluso tocan temas de orden político. ¿Cómo afecta esta tendencia a la democracia del país?

Como indiqué, el Órgano Judicial es un martillo de persecución y represión política, de asfixia de las libertades democráticas y de destrucción del criterio de la igualdad ante la ley. Sin justicia no hay democracia.

— ¿Cómo se imagina Bolivia en los próximos 10 años? Más democrática o más autoritaria.

Sin duda, más democrática. El proyecto del MAS está agotado, envilecido y degradado. Estoy seguro de que el pueblo boliviano logrará a través del voto en 2025 liberarse de la dictadura masista, atrabiliaria y corrupta.