La alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) echó a ocho miembros de su bancada en la Cámara de Diputados. Eso, por votar a favor del incremento de Bs 20 millones en el presupuesto de ese órgano para 2024.

En una carta firmada por el jefe de bancada, Enrique Urquidi, el legislador recuerda una resolución de CC del 26 de abril de este año. El documento fue conocido a través de redes sociales,»Al finalizar cada acto de votación por escrutinio, se hará conocer tanto a los jefes de bancada como públicamente el detalle del voto de todos y cada uno de los asambleístas”, cita.

En la última parte del documento, el texto señala: “En consecuencia, y como resultado de sus propias acciones, les hago conocer que, a partir de la fecha de esta carta, ya no serán considerados como parte de nuestra bancada en la Cámara de Diputados; sus actuaciones y decisiones en el plano interno y en el externo de esta Cámara, serán consideradas y asumidas como ajenas a nuestra Bancada”.

Se trata de los diputados Ronald Huanca López Krupskaya Oña, Mariel Peñaloza, Daniel Prieto, Mónica Torres, Doris Torrez, Herbert Taboada y Leslie Vega.

CC

Aún no se conoció una posición por parte del jefe de la alianza, Carlos Mesa.

El diputado de CC José Manuel Ormachea calificó como “traidores” a los desafectados. “Son traidores, no son opositores, algunos se han beneficiado con cargos, tengo pruebas”, escribió el legislador de oposición.

“La expulsión de 8 diputados por parte de CC responde al desacato sistemático de éstos a todo lo acordado por mayoría en la alianza; y a sus negociados para obtener privilegios con el MAS (Movimiento Al Socialismo)”, justificó.

Hay un antecedente en CC en un caso similar, pero en Senadores. Esa alianza desconoció a la senadora Silvia Salame debido a su voto en contra de la censura del ministro de Justicia, Iván Lima, en una sesión de interpelación, a principios de junio de este año.

“Con su voto, y en su comunicado a la opinión pública, deja en claro que sus decisiones en la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional) solo responden a su derecho a la libertad de pensamiento y expresión; y que su compromiso no es con ningún partido político. Es decir que no se siente vinculada orgánicamente con la alianza ni con el mandato representativo que emerge de ella”, señala parte de la nota enviada a la senadora con la firma de Mesa.

Si bien existe un desconocimiento de los legisladores, la Ley 1096, de Organizaciones políticas establece que la expulsión de cualquier militante de un partido debe ser, primero, sometido a un proceso ante el tribunal de ética de esa fuerza.