Después de que se diera a conocer la resolución de la Sala Primera Constitucional de Santa Cruz, ordenando la suspensión del décimo Congreso Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), representantes del partido apuntaron irregularidades en el fallo.
Entre las observaciones que tres miembros de la Comisión Jurídica del MAS señalaron para desestimar el fallo están que no fueron apropiadamente notificados, y que se encontraron “muchas irregularidades”.
Una de ellas tiene que ver con que la resolución fue dirigida a Evo Morales, algo improcedente ya que desde la instalación del evento, la representación ya no recae en él, sino que pasó a un presídium; y además, la tutela ordena suspender la convocatoria, cuando ese documento ya cumplió su fin con el llamado a los asistentes.
"El Tribunal Supremo Electoral está presente en Lauca Ñ, supervisando el evento. Por lo tanto, esa información no llegó de manera formal y ni con ningún efecto legal a la realización de este congreso”, describió el abogado Diego Jiménez.
Acotando, Carlos Romero denunció que el proceso se habría tramitado “en horarios de la tarde, fuera de horarios de atención de ventanilla única de ingreso de causas, ha sido ingresado el mismo amparo con otro NU-REG”.
El ex ministro también apuntó a “una segunda comisión de fraude informático y fraude procesal” que el equipo jurídico demostraría con documentación.
“Entonces, con un nuevo fraude informático, con una nueva manipulación, fuera de horario, cambiando el NU-REG han hecho aparecer una supuesta resolución que admitiría ese recurso de amparo. De tal modo que, estando viciadas estas acciones por delitos penales, nosotros no tenemos en absoluto ninguna preocupación acerca de la legalidad del congreso”.
El amparo presentado por Felipa Montenegro, dirigente de la Federación ‘Bartolina Sisa’ de Santa Cruz, exige que el Tribunal de Garantías de Santa Cruz verifique que no se consumen los “daños irreparables” generados por la “exclusión de militantes” del congreso, y que se vele por los derechos de los militantes del MAS, reportó el diario El Deber.
En otro punto, la resolución judicial también fija audiencia pública virtual para hoy, desde las 14:00.
DESMARCADOS
Mientras tanto, organizaciones sociales de Cochabamba y Potosí expresaron su rechazo al congreso “evista”, aseverando que desconocerán las conclusiones a las que se arribe en dicho evento.
“Al congreso del MAS que se realiza en Lauca Ñ, Cochabamba, lo mueven intereses políticos personales (…). Por eso, las resoluciones de este evento serán desconocidas”, afirmó la ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de la provincia Tomás Frías de Potosí, Karen Huayta, difundió Bolivia TV.
La dirigente señaló que con el denominado congreso “evista” se persigue “intereses personales” y las organizaciones sociales tienen que trabajar por las bases y por el desarrollo de las comunidades.
En tanto, el representante de la Federación Sindical Única de trabajadores Campesinos de Cochabamba, Mario Morales, señaló que este sector no “validará las conclusiones del congreso en Lauca Ñ, porque no hay representación de las bases”.
“Somos respetuosos, somos orgánicos, y no nos vamos a prestar a intereses personales particulares de algunos políticos”, dijo y sostuvo que quienes impulsan este congreso “sólo apuntan a ser candidatos en las elecciones de 2025”.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Campesinos de Oruro, Poitiers Laime, subrayó que su preocupación se debe a la ausencia de los grupos que constituyen el sostén del instrumento. “El MAS-IPSP es de las organizaciones sociales, es del pueblo boliviano, así ha nacido”, expresó.
Más de 50 organizaciones sociales, entre ellas el ente matriz de los trabajadores del país, la Central Obrera Boliviana (COB), determinaron no asistir al encuentro ratificado por vocales de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y que se desarrolló con acompañamiento del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE).
