Frente a las evidencias, al régimen le está costando comprender que ha hecho mal en su diseño de poder y no encuentra la razón por la cual la gente está planteando el cambio de gobernantes.

La primera evidencia se dio con el resultado del referéndum del 21 de febrero del año 2016. No estaba en los planes de sus estrategas la posibilidad que ganara el No. El propio vicepresidente jugó con una tableta frente a las cámaras de televisión, señalando que se estaban revirtiendo los porcentajes por la llegada de los votos rurales. Lo que vino después fue una suerte de atonitud, sorpresa extrema y errores consecuentes que continúan hasta ahora.

La segunda ha sido la búsqueda de un camino trucho y abominable, el fallo del tribunal constitucional que “sin modificar el Artículo 168 de la Constitución ni desconocer el referéndum sobre la materia”, habilita la reelección indefinida por tratarse de un derecho humano.

La tercera tiene que ver con la judicialización progresiva de los líderes de la oposición con juicios intencionados. Resulta demasiado evidente y torpe a simple vista comprobar las causas que asolan a todos los que asumen una posición diversa con el régimen.
Descalificación, atropello, desconocimiento de dignidad, abuso de poder, manifiestan una soberbia difícil de explicar.

Más allá de este rosario, que de santo no tiene nada y cuyos misterios transitan por los caminos gloriosos, luminosos, dolorosos y gozosos de sus letanías, insisto en que debemos hacer un esfuerzo para descubrir las causas profundas que subyacen en el fondo de nuestra conciencia ciudadana.

He señalado que la sociedad boliviana mantiene y defiende la violencia como modo de resolución de conflictos. Vivimos en sociedades corporativas que desprecian la ciudadanía. En nuestras sociedades de mutuo socorro, la corrupción no es una conducta punible. Somos, en consecuencia, autoritarios, prepotentes, informales…

Unas palabras sobre la violencia. Somos el pueblo de América Latina con la mayor manifestación de actos de violencia consentida, individual y colectiva. La existencia de leyes demuestra que esas conductas no han permeado la esencia de las manifestaciones negativas y se fortalecen con su ejercicio.

Cosimiento de labios, escritura de protestas con sangre humana, enterramientos, tapiamientos, crucifixiones reales, huelgas de hambre masivas, empolleramiento de hombres, azotes sindicales públicos, son prácticas en la sociedad civil y que se refuerzan con el uso de la violencia legal y verbal de las autoridades de manera desproporcionada; recuerdo las dos más emblemáticas contra los indígenas en Chaparina y los discapacitados en La Paz, y las declaraciones poco felices como las chuteaduras presidenciales, la prisión de la banda de música que no saluda sus goles o la invocación sistemática que realiza al vicepresidente a la guerra.

Mientras no enfrentemos esta realidad, estaremos con un déficit de democracia que debilitará la gobernabilidad y el Estado de derecho.
Por eso, 14 años son suficientes para empezar a cambiar.