El diagnóstico negativo que hoy se tiene de la justicia boliviana, es similar a la época de los gobiernos neoliberales. Si bien es evidente que, con Evo Morales y luego con Luís Arce, se dio  el control absoluto de todas las instancias de poder, no es menos cierto que, antes de ellos la justicia  también estuvo subordinada al poder político, mal que en 40 años de gobiernos constitucionales no fue resuelto.

La falta de convicción democrática de los gobiernos que, en lugar de perfeccionar el sistema, optaron por disfrutar del poder, extendiendo su dominio, a las demás entidades estatales, eliminando fácticamente el sistema de contrapesos y de independencia de poderes, es un problema  vigente y ningún régimen mostró interés en resolverlo. Asumen que la política se basa en procedimientos pracmáticos, el que actúe con  referentes éticos y altruistas, no tiene cabida en este oficio, es un perdedor. Entienden la política como una una guerra, en una contienda bélica no existen adversarios, sino enemigos. Esa forma de pensar y actuar no cambió y lo practicaron derechistas e izquierdistas, en desmedro de la ciudadanía.

Por otro lado, está el antecedente jurídico, las constituciones anteriores a la actual, establecían que el Poder Judicial tenga como fuente de nacimiento al Poder Legislativo, la constitución de 1967, en su Art. 62 versaba: “Corresponde a la Cámara de Diputados, elegir a los magistrados de la Corte Suprena de Justicia, por mayoría absoluta de votos, de ternas propuestas por el Senado”.  El Art. 66 al mencionar las atribuciones de la Cámara de Senadores, en el numeral 6 facultaba proponer ternas a la Cámara de Diputados para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El numeral 11 otorgaba la potestad de “Elegir por mayoría absoluta de votos a los magistrados de las Cortes de Distrito, Corte Nacional del Trabajo, Corte Nacional de Minería, de ternas de la Corte Suprema de Justicia”.

La Constitución de 1994, en su  Art. 68 establecia :“Las Cámaras se reunirán en Congreso para: ..... 12. Designar a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados del Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura, Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo”. 

La Constitución de 2004,  Art.- 59 al describir las atribuciones del Poder Legislativo, en su numeral 20 señala: “Nombrar en sesión de Congreso a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados del Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura, Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo por dos tercios de votos del total de sus miembros”. ​ Empero es justo reconocer que, en esta etapa hubieron pequeños “veranillos de invierno” cuando por acuerdo interpartidario se promovió la llegada al Tribunal Constitucional de juristas notables. Ese corto período positivo con el MAS se extinguió.   

La Constitución vigente desde 2009, que nació de la Asamblea Constituyente, sometida posteriormente a un referéndum para su aprobación, en su Art. 182 establece que: “ I. Los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, serán elegidos mediante sufragio universal. II. La Asamblea Legislativa Plurinacional, efectuará por dos tercios de sus miembros presentes, la preselección de postulantes por cada departamento y remitirá al Organo Electoral la nómina de precandidatos, para que éste proceda a la organización única y exclusiva del proceso electoral.” Similar procedimiento está previsto para el Tribunal Constitucional y Tribunal Agroambiental. 

Se advertirá que, a partir de la vigencia de la Constitución de 2009, cambia el procedimiento de elección de la magistratura, no será el Congreso el que elija, traslada esa potestad al pueblo, para que decida en las urnas, sin embargo las dos elecciones judiciales realizadas, fueron manipuladas y distorsionadas en la Comisión de Constitución de la ALP, sólo seleccionaron postulantes que gozaban del aval del MAS, no primó la meritocracia, ni idoneidad personal de los postulantes, sino el objetivo político de continuar ejerciendo control y dominio del sistema judicial.  cuánto más vulnerable sea el candidato y más corrompible, será más controlable, en concreto MÁS CORRUPTO, credenciales necesarios para ser seleccionado. Un profesional honesto no permitiría que le impongan la orientación de sus sentencias. La honestidad no es buen negocio para el MAS.

Frente a este abuso, el pueblo reaccionó, en los dos procesos electorales (2011 y 2017), los candidatos seleccionados por el MAS, PERDIERON EN LAS ELECCIONES, ninguno de ellos obtuvo nisiquiera mayoría simple de votos. Todos fueron superados por los votos blancos y nulos, sin embargo, igual fueron posesionados para que puedan prevaricar bajo la protección política del gobierno.

El 31 de diciembre de 2023, se cumple el mandato de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental. Bolivia requiere una profunda reforma del sistema de justicia y para ello se necesita un Órgano Judicial independiente, con magistrados idoneos, solventes profesional y moralmente, virtud ausente en los actuales. En los cálculos del gobierno, no hay tiempo para impulsar un nuevo proceso electoral y pretende llenar las acefalías con su gente y por decreto, manteniendo el control político sobre la magistratura, incluso para dilucidar la confrontación interna que sostiene con Evo Morales. La ausencia de justicia en Bolivia continuará  porque subsistirán jueces xenuflexos en tribunales.

Por la magnitud del problema, debemos continuar la batalla para consolidar un Órgano Judicial independiente. La unidad del pueblo boliviano, bajo una visión democrática, puede revertir esta anómala situación, logrando que, se promueva la llegada a los tribunales de justicia de los juristas de mayor prestigio en Bolivia, reconocidos por su capacidad y ética profesional, sólo con abogados de ese perfil podemos promover el inicio de un verdadero proceso de reforma y despolitización del sistema judicial, para cualificar nuestra democracia.