El ministro de Justicia, Iván Lima, exhortó este lunes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) agilizar el fallo de la consulta elevada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el proyecto de ley para las elecciones judiciales.

“Hay una consulta previa de constitucionalidad que ha promovido el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres. (…) Exhortamos al Tribunal Constitucional a que pueda tomar a la brevedad posible una determinación sobre la materia consultada”, afirmó. 

Es determinante el pronunciamiento constitucional, porque hasta tanto no se haga público el proyecto de ley para las elecciones judiciales está suspendido en su tratamiento y en consecuencia las elecciones judiciales.

“Se ha notificado ya a todas las partes, y lo que corresponde es que se haga el sorteo del expediente a un magistrado tramitador y el cual va a tener 30 días hábiles para emitir un pronunciamiento, en tanto no se pronuncie el Tribunal el proyecto de ley aprobado por el Senado queda suspendido”, explicó Lima. 

De acuerdo con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aspectos del proyecto de ley como la falta del proceso de preselección de candidatos “son atentatorios a lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE)”. Frente a esa evaluación decidió remitir el proyecto a un control previo de constitucionalidad.

El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui, remitió el proyecto de ley, aprobado en el Senado, en consulta no solo al TSJ, sino también al Ejecutivo y al Tribunal Supremo Electoral.

Mientras tanto el proceso hacia las elecciones judiciales está paralizado.

Todo este trabajo de redacción de la ley para las judiciales se dio como consecuencia también de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que declaró inconstitucionales el reglamento y convocatoria para las elecciones judiciales que trabajó el Legislativo. No solo eso, también declaró que todas las normas relativas con las judiciales se aprueben por dos tercios de voto.

Este fallo fue hecho público en el último día de plazo que tiene el TCP para dictar sentencia una vez admitido un recurso.