Los gobiernos del MAS (Evo Morales y Luis Arce) no han tenido reparo en torpedear la Constitución, que juraron defender en la ciudad de El Alto, y utilizar el “meterle nomás” en contra de la institucionalidad estatal. Que el proceso de preselección de las principales autoridades judiciales, previsto para este año 2023, se haya postergado para el año 2024, viene a confirmar que el MAS y sus gobiernos se han caracterizado por saltarse el sistema constitucional boliviano.

En el caso particular de Evo Morales, su angurria por el poder no tiene límites, al extremo de generar la crisis del sistema constitucional y político de 2019, que terminó minando su propia legitimidad y su salida del gobierno. El Movimiento al Socialismo se encargó de menospreciar y vulnerar su propia Constitución, y lo hizo de forma grosera, desconociendo el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, y luego el artículo 168 de la Constitución.

Y como el objetivo de Evo Morales y Álvaro García era conseguir la reelección presidencial indefinida (prohibida constitucionalmente), no sólo instrumentalizaron a la Constitución para sus fines partidarios sino también los convenios y pactos internacionales. El MAS consiguió, en este sentido, que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dictase la monstruosa sentencia 84/2017 de 28 de noviembre de 2017 y declarase inaplicable algunos preceptos de la Ley N° 026 y la propia Constitución, que limitan la reelección presidencial de manera continua.

Con el reconocimiento formal del “meterle nomas” y la concentración del poder en el Ejecutivo, han buscado licuar la vieja teoría de la separación de poderes, que constituye la máxima garantía de la arquitectura constitucional. La Constitución (Art. 12) proclama que el “Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral”, y “la organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”.

A lo largo de estos años hubo, lo que se denomina, una “desconstitucionalización” del ordenamiento jurídico boliviano, que pone en riesgo el principio democrático, el régimen representativo, la transparencia del Estado, entre otros aspectos. El avance de la deriva autoritaria ha buscado una sistemática degradación de la Constitución, sus principios y valores; es decir, ha buscado promover un sistema político al margen del sistema constitucional.

El progresivo deterioro del sistema constitucional boliviano proyecta en realidad un nuevo orden, con otros principios y creencias, pero bajo el ropaje del mismo texto constitucional. En palabras de Néstor Pedro Sagüés, la desconstitucionalización puede proyectarse hacia situaciones más sutiles, propias del llamado desmontaje o desvalorización constitucional, cuando una regla constitucional no es formalmente cambiada, pero sí resulta desvirtuada, pervertida, bloqueada o desnaturalizada, especialmente por prácticas, costumbres o interpretaciones manipulativas de la Constitución que producen una caída en el vigor jurídico del precepto constitucional sancionado en su momento. En este proceso de vaciamiento de los valores y principios republicanos, varios preceptos dejaron realmente de aplicase, a veces incluso con sustitución del contenido constitucional, por más que el operador simule que los estaba haciendo funcionar a plenitud.

Ese autor distingue entre la descontitucionalización de una norma constitucional, que significa su desmontaje y, otra su quebrantamiento, ya que en este último caso el precepto sigue en vigor, por más que haya sido infringido en una situación específica. Sin embargo, si en un país se dan situaciones de quebrantamiento de múltiples reglas constitucionales importantes, como viene ocurriendo en Bolivia, puede hablarse de una crisis de constitucionalidad lindante, o similar, con un estado de descontitucionalización generalizada.

En cualquier caso, se tiene que revalorizar la Constitución, el Estado Constitucional de derecho y recomponer la institucionalidad del aparato estatal. En esta línea, liberar a los presos políticos, la designación de las principales autoridades y una verdadera reforma judicial, la realización del censo de población y vivienda, la recomposición de los escaños parlamentarios, el pacto fiscal, la tolerancia política, el consenso, el diálogo, el debate democrático, la libertad de expresión, el combate a la corrupción generalizada y a la inseguridad jurídica, parecen imprescindibles para una verdadera convivencia democrática.

En todos estos quehaceres hay que comprometer no solo a los órganos del poder público, sino también a la sociedad en su conjunto.