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Medio: El Deber
Fecha de la publicación: sábado 30 de septiembre de 2023
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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El concejal José Ortiz inició dos proceso en las instancias judiciales contra Rudy Dorado, por hacer adquisiciones sin pasar por el Legislativo, y sin licitar, contrariamente a lo que manda la norma. La Contraloría le dio la razón
"En un primer proceso, el 31 de enero de 2022 formalicé denuncia ante la Fiscalía Departamental, específicamente, en la Unidad Especializada Anticorrupción, contra Carlos Rudy Dorado Flores, actual alcalde de nuestro municipio ignaciano, por los delítos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias la Constitución y a las leyes, 153 y 154 del Código Penal", explicó José Ortiz, concejal suplente por Demócratas en San Ignacio de Velasco.
Según Ortiz, en agosto del 2021, a sólo unos meses de asumir como alcalde, Dorado empezó a realizar compras y contratos, la mayoria de los cuales necesariamente debían tener la aprobación del Concejo, por la cuantía.
"Nuestra Ley Municipal 53, de contratos y convenios municipales, modificada por Ley 171, en cuanto a la cuantía de los contratos que precisan la aprobación del Concejo, fija el monto de Bs 50.000 para arriba", explicó.
Sin embargo, Ortiz lamentó que de dos procesos de compras, en los que logró detectar irregularidades, ninguno pasó por el Concejo. Asimismo, Ortiz indicó que el Decreto Supremo 0181, que regula las modalidades de compras, establece que para compras mayores a Bs 20.000, se debe licitar.
"Cosa que no ocurrió, lo hicieron por orden de compra directa, sin licitar, violando la normativa establecida en el DS 0181 y violando nuestra Ley Municipal 53. Ambas tuteladas, protegidas constitucionalmente", recalcó.
El primer proceso fue por la compra de luminarias, "a casi Bs 2.000 cada una, y que en las tiendas no valen ni Bs 300", aludió.
En el segundo proceso, Ortiz formalizó denuncia contra cinco concejales "oficialistas", dos del MAS y tres de la agrupación Fuerza y Esperanza (FE), que llevó a Rudy Dorado al sillón edil. Estos son: Ernesto Rivera Ocampo, Nancy Céspedes Ardaya, Danitza Moruno Zeballos, Víctor Flores Ledezma, y Marcos Méndez Mattos.
"La denuncia fue por aprobación ilegal de una obra de casi Bs 13 millones, para la pavimentación de la avenida Prado Velasco, que conecta la Terminal de buses y el cementerio. Esta obra no estaba en el POA 2022 y además presentaba otras observaciones, pero cinco concejales autorizaron, a pesar de las recomendaciones", dijo.
Narró que él mismo, en tres oportunidades advirtió que se remitan esas irregularidades a la instancia correspondiente, y denunció que en esa ocasión, "de manera reservada, y sin poner en conocimiento de todos los concejales, el entonces presidente del Concejo, Víctor Flores (MAS), sólo lo remitió a la Contraloria, que respondió que hay suficientes irregularidades que debían remitirse a la Fiscalía para su investigación", explicó.
Ortiz dijo que, a pesar de estas recomendaciones, "no les dio la gana de hacerlo porque son cumpas políticos", y que por eso no le quedó otra opción, que redactar la denuncia y presentarla él mismo.
Según Ortiz, el fiscal Alberto Zeballos Flores, de San Ignacio, "flojo y negligente", rechazó la primera denuncia, que Ortiz objetó dentro del plazo, pero que el fiscal de distrito tardó casi un año en resolver.
"Revocó ese rechazo, dándonos la razón y ordenó que se investigue, por eso hoy el alcalde Dorado está con imputación formal, y a la espera de su audiencia cautelar con el Juez Primo Flores", informó.
También agregó que la audiencia estaba señalada para el 4 de agosto, pero fue suspendida para el 29 del mismo mes, ante la inasistencia de Dorado.
Esa audiencia tampoco pudo llevarse a cabo, esta vez porque el juez estaba en comisión en Sucre, "hecho que corroboré, porque dudé. Así que estamos a la espera de nueva fecha para la audiencia de medidas cautelares", dijo Ortiz.
Ortiz denunció que, además, por su condición de suplente ha sido discriminado, "apocado, y hasta abusado" en sus derechos políticos y derecho al trabajo, ya que le obtaculizaron su habilitación, al extremo de obligarlo a recurrir incluso a un amparo constitucional. "Le echan llave a mi oficina, me bloquearon de la página oficial del Concejo en Facebook, etc.", apuntó.
Contraparte
EL DEBER buscó la respuesta del alcalde y de los cinco concejales aludidos, pero solo respondió Nancy Céspedes. "Eso está siguiendo un proceso y en su momento puedo brindar una entrevista. Por ahora eso está en manos de la justicia", se disculpó.