Hace varios meses que el país se encuentra enfrascado en discutir el método que habría que utilizar para escoger a los magistrados, es decir, a las máximas autoridades del sistema judicial, aquellas que trabajan en un hermoso edificio de la bella ciudad de Sucre. Suponiendo que al final de este largo recorrido hayamos encontrado la forma de escoger a los mejores ciudadanos para ejercer esas funciones, nos preguntamos si, a partir de ese momento, se podrá hacer cambios substanciales en las leyes y en la administración de justicia. La pregunta emerge porque hay dudas, debido a la magnitud de los problemas, a la estructura del sistema y porque pocas personas se preocupan de ello.

En Bolivia hay 28 mil privados de libertad en recintos carcelarios donde muchos tienen que dormir en los corredores o patios, a la intemperie. Entre ellos, 17 mil son detenidos preventivamente, muchos por varios meses, incluso años. Tenemos 508 fiscales para atender un promedio de 230 mil casos anuales. De éstos, unos 100 mil son desechados quedando 130 mil casos para ser tratados por unos mil jueces.

El poco personal disponible es una de las razones de la retardación de la justicia y de procesos inconvenientemente tratados, pero no es la única. Algunas normas judiciales chocan con el espíritu de las leyes y/o están mal redactadas. Entre las primeras está la imprescriptibilidad prevista en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y todas las normas que permiten la detención preventiva. Entre las segundas, están los “delitos” más corrientes contra el Estado como “incumplimiento de deberes”, “tráfico de influencias”, “terrorismo” y otros.

Son tan confusas las definiciones de estos delitos que en muchos casos los jueces no llegan a establecer el vínculo entre ellos y los hechos mencionados en las acusaciones. Ante esa dificultad optan por postergar sus sentencias durante meses o años provocando la acumulación de casos sin sentencia. No existen estadísticas al respecto, pero se puede estimar que la duración promedio de los procesos judiciales es de 10 a 15 años.

Además de los anteriores, hay otros problemas que preocupan, entre estos, la corrupción e inadecuada preparación de jueces y fiscales, la injerencia política, el difícil acceso a la justicia en zonas alejadas y para la población pobre y/o indígena, la ausencia de enfoque de género en la tipificación de delitos y penalidades, etc.

Cuando una persona es víctima de un delito o tiene miedo por su vida presenta una denuncia a la Fiscalía, que demora algún tiempo para ordenar a la Policía una investigación. Generalmente, la Fiscalía pide el nombre y la dirección del agresor, si no se lo conoce, no da curso a la denuncia. En casos de violencia doméstica, los crímenes se comenten antes de que llegue la Policía.

Claramente, esto no puede seguir así.

Frente a los problemas anteriores y en ausencia de un debate al respecto conducido por políticos y especialistas del tema judicial, me animo a hacer las siguientes propuestas.

En primer lugar, corresponde aumentar el número de jueces y fiscales y plantear una reingeniería de los procedimientos judiciales. Esto requiere aumentar el presupuesto del sector y formar nuevos profesionales.

En segundo lugar, debe descongestionarse las cárceles dando medidas substitutivas a todos los presos que hayan estado detenidos “preventivamente” por más de 30 días. En algunos casos puede que sea necesaria la utilización de manillas electrónicas.

En tercer lugar, se debe revisar la redacción y el contenido del cuerpo de leyes. Además de lo mencionado anteriormente, sugiero considerar como delito el que las autoridades de gobierno ejerzan presión sobre jueces y fiscales para imponer imputaciones y sentencias con base en delitos que no lo son.

En cuarto lugar, debe incluirse un enfoque de género en las imputaciones, sentencias y penalidades y criterios de diferenciación de los procedimientos según la gravedad de los casos.

Además, tengo algunas sugerencias puntuales. La Policía debe estar autorizada a investigar posibles delitos sin necesidad de esperar la autorización expresa de una Fiscalía. Se necesita crear tribunales especializados en materias específicas como finanzas y bancos, servicios de salud, ecología y medio ambiente. La designación de jueces y fiscales debería hacerse por sorteo entre los egresados de la Escuela de Jueces y Fiscales ponderando las candidaturas por probabilidades de elección proporcionales a los méritos académicos y profesionales de los candidatos.

Se requiere mejorar la formación profesional de jueces y fiscales, imbuirles una preocupación de eficiencia e introducirlos al manejo de computadoras. Para superar el problema de su escasa formación, se requiere mejorar la escuela de jueces y la formación de fiscales.

Finalmente, aunque no es el objeto de este artículo, propongo terminar el debate actual sobre la elección de magistrados conviniendo en escogerlos aleatoriamente entre los 100 jueces con mayor antigüedad.