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Brújula Digital |28|09|23|

Tomado de Sumando Voces

La mayoría de los bolivianos tiene una sensación de preocupación e incertidumbre, percibe que la crisis económica es el principal problema del país y aplaza a nueve instituciones del Estado, según una encuesta nacional aplicada en las 10 principales ciudades del país.

La encuesta fue realizada entre el 10 y el 26 de junio de 2023, con una muestra de 2.000 personas mayores de 18 años, un margen de error de +- 2,19 por ciento, en las nueve capitales de departamento y El Alto. El estudio fue ejecutado por Ipsos Ciesmori, por encargo de UNITAS y contó con el apoyo del International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

Los resultados indican que el 49 por ciento de los consultados tiene una sensación de preocupación en torno al futuro del país, un 29 por ciento tiene una sensación de incertidumbre y un 6 por ciento una sensación de pesimismo, haciendo un total de 84 por ciento de personas que tienen sentimientos negativos respecto al futuro del país.

En contrapartida, sólo el 15 por ciento tiene sensaciones positivas, ya sea de esperanza o de entusiasmo.

En cuanto a las regiones, Sucre es la ciudad que acumula más sensaciones negativas, llegando al 93 por ciento entre los que sienten preocupación, incertidumbre y pesimismo; mientras que El Alto es la ciudad menos negativa porque acumula un 79 por ciento de preocupación, incertidumbre y pesimismo.

Percepción de crisis

En la actualidad, ¿cuál considera usted que es el principal problema del país?, se le consultó a los encuestados. La mayoría (34 por ciento) respondió que es la crisis económica, el 18 por ciento consideró que es la corrupción, el 11 por ciento señaló al desempleo, el 4 por ciento identificó al Gobierno y a las autoridades como un problema en sí mismos. La encuesta preguntó sobre una veintena de problemas, que obtuvieron porcentajes más bajos de votación.

Las ciudades en las que existe una mayor percepción de crisis son Trinidad con 58% y Cobija con 48 por ciento.

Las instituciones aplazadas

Una vez identificados los problemas y las sensaciones de los bolivianos, corresponde evaluar a los actores estratégicos del país, entre ellos, a las instituciones del Estado. El resultado es que nueve instituciones del Estado y tres actores no estatales recibieron una nota de aplazo.

En una escala de 1 a 7, donde 7 es la mejor calificación y 1 es la peor calificación, el resultado de las instituciones estatales aplazadas, es decir, las que obtuvieron de 3,5 puntos para abajo, son las siguientes: Sistema de justicia con 2.6, Policía con 2.8; funcionarios públicos con 3; Órgano Electoral con 3.2; Gobierno nacional con 3.1; Gobierno municipal con 3.2, Gobierno departamental con 3,3; Defensoría del Pueblo con 3.4 y Fuerzas Armadas con 3.5 puntos.

Como se puede observar, el sistema de justicia y la Policía son las instituciones que peor calificación obtienen.

Los actores estratégicos que también obtuvieron nota de aplazo, pero que no son estatales son los partidos políticos con 2.5; dirigentes sociales con 3; y organizaciones sociales con 3,1 puntos.

Los actores aprobados

En contrapartida, las instituciones que aprobaron la prueba, en orden de mayor a menor puntaje, son las ONGs con 4.5 puntos; las universidades con 4.3; los medios de comunicación con 4.2; la cooperación internacional con 4.3; las iglesias evangélicas con 3.9 y la Iglesia Católica con 3.8 puntos.

Como se puede observar, las ONGs tienen la mayor nota de aprobación, pero ninguna institución se aproxima a la nota máxima de 7 puntos.

El manejo presidencial

La encuesta también preguntó sobre la percepción de la gente respecto al manejo presidencial en ocho temáticas importantes de la vida nacional. El resultado es que en todas ellas, la mayoría ve un manejo malo o muy malo de parte del presidente Luis Arce.

Según los consultados, el Presidente hace un mal manejo de la temática corrupción (80 por ciento), polarización entre bolivianos (78 por ciento), justicia (78 por ciento), desempleo (77 por ciento), la violencia (76 por ciento), la economía (72 por ciento), la información pública (67 por ciento) y el respeto a los derechos humanos (60 por ciento).