Con esa determinación se prolonga la incertidumbre en el proceso de preselección judicial, que se intentó acelerar tomando en cuenta que los actuales magistrados fenecen su mandato el 31 de diciembre.
El TSJ puso en duda la constitucionalidad del proyecto de ley, aprobado en el Senado, al observar aspectos como que dispone la suspensión de plazos procesales y una acefalía de magistrados a partir de enero de 2024.
Ahora el TCP debe revisar el fondo del asunto planteado por el TSJ, en los plazos previstos por norma.
El ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó que se ha admitido la consulta y que existen plazos, sin embargo, atribuyó la demora en las elecciones judiciales al Órgano Legislativo, en específico al Senado, por haber emitido normas contrarias a la Constitución para convocar a la preselección.
“Si se hubiera hecho un trabajo responsable serio y con el asesoramiento de constitucionalistas que prevean que no se pueda tener ninguna duda de constitucionalidad, probablemente ya el mes de abril hubiéramos iniciado este proceso”, reprochó.
“No es un tema que el Ministro de Justicia hubiera desarrollado, que hubiera pretendido llevar adelante para que no se realice elecciones judiciales. Acá el problema está en un proyecto de ley que en marzo se presentó con vicios de inconstitucionalidad y ahora es aprobado por el Senado con graves vicios de inconstitucionalidad”, agregó.
De no realizarse las elecciones judiciales antes de fin de año, los cargos de magistrados quedarían vacantes desde enero. Ante esa situación, en su consulta, el TSJ planteó la posibilidad de flexibilizar el tiempo de mandato para evitar acefalía. (Erbol)