El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la consulta del Tribunal de Supremo de Justicia (TSJ) sobre la viabilidad constitucional de proyecto de ley de elecciones judiciales.

Un documento citado por el diario Correo del Sur, de Sucre, señala que esa institución resolvió “admitir la consulta sobre la constitucionalidad del artículo 2 de la Disposición Adicional Sexta del proyecto de ley 144/2022-2023, denominado proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024”.

Además, determinó “suspender el procedimiento de aprobación” de dicho proyecto, que fue aprobado por la Cámara de Senadores el 31 de agosto de este año.

Una vez derivada a Diputados, la Comisión de Constitución remitió una consulta a siete instituciones del Estado, de las cuales tres corresponden al Órgano Ejecutivo. Además, la consulta llegó a los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, también al Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, el 20 de septiembre, presidente del TSJ, Ricardo Torres, remitió la consulta al TCP.

TCP

La presión por la realización de las elecciones judiciales la puso el mismo TCP, que emitió un fallo el 31 de julio, en respuesta a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el diputado de Creemos Leonardo Ayala, anuló todo el proceso previo.

Creció esta semana luego de conocerse un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exige al Estado garantizar los comicios en 2023.

Dicho organismo internacional observó que el proceso estuvo marcado “por la ausencia de consensos entre las distintas bancadas políticas que deben aprobar el reglamento y la convocatoria conforme establece la normativa nacional”.

Entretanto, el TSE desahució los comicios para este año, pues advirtieron en más de una ocasión que ese órgano requiere de al menos 90 días para organizar los comicios. Ese plazo comienza con la remisión de la lista de los 96 postulantes habilitados para el proceso.

Ahora las tres fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa buscan consensos para tomar decisiones en torno a las judiciales, pues el fallo constitucional dicta que deben ser asumidas con dos tercios de la votación.