El comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suma un capítulo más al entuerto de las elecciones judiciales, un proceso electoral que debía cumplirse antes de fin de año pero que, por distintos motivos, ni siquiera están confirmadas para el próximo. Así de empantanado se encuentra, ya sea por las trabas contabilizadas en el ámbito de la justicia o por las argucias propias de los políticos.

“La CIDH urge al Estado Plurinacional de Bolivia, en especial, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a generar consensos, aprobar la convocatoria y el reglamento respectivos, para avanzar y concluir en tiempo y forma el proceso de selección de las autoridades de las mencionadas instituciones de justicia, en observancia de los estándares internacionales y con garantías de transparencia e independencia”, dice el comunicado de ese organismo internacional.

No es menor el hecho de que la CIDH remarque lo “esencial” de la separación y la independencia de los poderes públicos para el fortalecimiento de la democracia representativa. Aspecto, este último, que ha sido cuestionado en reiteradas oportunidades en las últimas décadas.

El tema de las elecciones judiciales viene acaparando la atención de los medios de comunicación por varias razones, entre ellas la necesidad de reencaminar la justicia nacional, tan depauperada producto de su mal manejo y con serios perjuicios para la ciudadanía de a pie, sin contar con su utilización con fines políticos. De allí también la recomendación de la CIDH de cuidar su independencia.

Las máximas autoridades del Órgano Judicial terminan su mandato el próximo 31 de diciembre y deberían ser reemplazadas a principios de enero de 2024 por otras, electas mediante el voto ciudadano. Pero los tiempos ya no alcanzan para que los comicios se desarrollen en este 2023.

Resulta que la Comisión Mixta de Constitución de la Cámara de Diputados remitió en consulta el “Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024” a una serie de instituciones del Estado, entre ellas al Órgano Judicial.

A partir de esa iniciativa, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presentó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el miércoles pasado, una consulta de constitucionalidad en la que señala que el referido proyecto de ley “carece de legitimidad material debido a la falta de un proceso de preselección de altas autoridades judiciales adecuado (...) acorta el proceso de preselección y no valora el mérito de los candidatos, lo que va en contra de los argumentos presentados en la ratio decidendi de la sentencia constitucional 0060/2023”.

Además, observó que, ante el vacío institucional en la administración de justicia, el proyecto de ley “en lugar de garantizar materialmente la designación de altas autoridades judiciales, establece un periodo de transición en el que el personal subalterno asume las competencias de las altas autoridades”.

Este martes, el TCP, mediante su comisión de Admisión, respondió al TSJ que su consulta tiene una “deficiencia formal” a ser subsanada. Entretanto, el proceso de convocatoria a las judiciales continúa paralizado.

En el fondo, todo esto pudo haberse evitado de no ser la incapacidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional para ponerse de acuerdo sobre las normas que encaucen estas elecciones.

Por lo demás, nunca será bueno olvidar que en las elecciones judiciales de 2012 y de 2017, en promedio, la mayoría de los votos para elegir a los magistrados fueron nulos o blancos. He ahí el grado de legitimidad de las autoridades que se busca renovar. ¿Se presentarán los resultados similares en los futuros comicios? No habría que descartarlo. Y, sería una nueva catástrofe para la democracia.