En 41 días la percepción de las fiscales Gabriela Quintana López y Magda Castro Luna cambió radicalmente. Este miércoles presentaron la acusación formal del caso ‘41 ambulancias’ en contra de cinco personas, una de ellas es el gobernador de Potosí, Jhonny Oscar Mamani Gutiérrez, quien fue exonerado por las mismas fiscales que aducían que no existía materia penal para enjuiciar a Mamani.

“La conducta de este servidor público Jhonny Oscar Mamani Gutiérrez, gobernador de Potosí, y por ende Máxima Autoridad Ejecutiva se acomoda al ilícito delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes”, señala la conclusión del extenso memorial de acusación formal presentado ante el juzgado Cautelar Segundo de Potosí.

El 15 de agosto, las mismas fiscales presentaron su memorial de sobreseimiento del gobernador, “en razón a que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación”, señalaba el memorial de ese entonces. 

Al día siguiente, Mamani llegó a La Paz para realizar un trámite y fue detenido por un caso abierto en la sede de Gobierno. El 13 de septiembre, casi un mes después de que se presentara el sobreseimiento, la revisión “minuciosa” de la Fiscalía departamental indicó que se debía revocar ese favorecimiento al gobernador, quien ahora debe encarar otro juicio en su departamento.

De igual manera, las fiscales decidieron reducir el número de acusados en este proceso, porque bajaron de 13 a cinco. Los que deben ir a juicio son: Jhonny Oscar Mamani Gutiérrez, por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; Rubén Moisés Miranda Castro, por el mismo delito; Luis René Loayza Gallardo, por incumplimiento de deberes; Ricardo Antonio Rodríguez Serrudo, por falsedad ideológica; finalmente, Ramiro Luis Choque Arando, por uso de instrumento falsificado.

En enero de 2022 EL DEBER destapó el escándalo de la compra de 41 ambulancias en la Gobernación de Potosí. Hubo la licitación, los informes aseguraron que los equipos ya habían sido entregados a esta entidad, pero nunca llegaron. La Fiscalía demoró en iniciar las investigaciones y no investigó al gobernador Mamani.