Cuando se creía que la desinstitucionalización del país había tocado fondo, surgen nuevos elementos que hacen ver que la democracia puede ser aún más mancillada y que las leyes se utilizan a conveniencia para generar escenarios de abuso de poder.

Es el caso del Poder Judicial al que no le importa faltar a la ética, ser juez y parte, con tal de que los magistrados mantengan la pega, dejando inciertas las elecciones judiciales. Más allá de permanecer en el cargo más tiempo que el que manda la Constitución, los vocales abren las persianas a tentaciones autoritarias que son peligrosas y que ya han sido notadas desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El jueves, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presentó una Consulta Previa de constitucionalidad del proyecto de Ley Transitorio para las Elecciones Judiciales 2023- 2024 y pidió dejar en suspenso el tratamiento de cualquier norma sobre este tema mientras no se pronuncie el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Este último admitió el pedido y congeló cualquier acción del Legislativo para dar luz verde a la norma que garantice los comicios. Jaque mate.

La Constitución Política del Estado fija el 31 de diciembre como fecha límite para las máximas autoridades de la justicia, que son elegidas por voto de todos los bolivianos. Con este recurso, los miembros del Poder Judicial fijan una postura política: quieren quedarse y no están dispuestos a respetar la ley. A cambio, están dispuestos a todo, dando nuevas muestras de cuán descompuesto está el Poder Judicial.

El Poder Legislativo tuvo en sus manos la llave de la elección judicial, pero sus miembros no lograron acuerdos oportunos. Cuando se alcanzó uno, en el que participaron Creemos, Comunidad Ciudadana y la facción evista del MAS, fue la facción arcista la que puso las trabas con una serie de maniobras, entre las que está la absurda baja médica del presidente de la comisión de Constitución con duración de seis horas, solo para que no se realice la sesión.

En realidad, hasta aquí se ha incurrido en la chicana, que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define como: “Práctica que persigue obturar el proceso judicial mediante permanentes planteos maliciosos y temerarios” y al chicanero como quien “utiliza hasta la saciedad mecanismos para alargar los juicios y obtener con ello ventajas económicas para sí y a veces para su cliente, promoviendo apelaciones sin fin, excepciones dilatorias, denuncias improcedentes dentro del juicio y solicitud de suspensiones”.

Magistrados y padres de la patria, que deberían dar su vida por la vigencia de la justicia, recurriendo a artimañas para sacar beneficios personales y partidarios, ante la mirada pasiva del Poder Ejecutivo, a través del ministro de Justicia.

Los extremos no pasan desapercibidos. La CIDH emitió un comunicado instando a volver al cauce de la institucionalidad y democracia. “La CIDH expresa preocupación ante los desafíos que se presentan en el proceso de elección de las autoridades para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura que pueden debilitar el funcionamiento del sistema de justicia de Bolivia”, dice el documento y además “urge al Estado Plurinacional de Bolivia, en especial, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a generar consensos, aprobar la convocatoria y el reglamento, respectivos, para avanzar y concluir en tiempo y forma el proceso de selección de las autoridades de las mencionadas instituciones de justicia, en observancia de los estándares internacionales y con garantías de transparencia e independencia”.

El peligro no solo es que el sistema judicial siga su caída libre, sino que -con tal de seguir en el poder- los actuales magistrados manipulen la justicia a favor del poder político del Ejecutivo y que los fallos sigan castigando solamente a los opositores, convirtiendo la democracia en una suerte de tiranía.