La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa preocupación ante los desafíos que se presentan en el proceso de elección de las autoridades para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura que pueden debilitar el funcionamiento del sistema de justicia de Bolivia. En este escenario, urge al Estado, en particular a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), a adoptar medidas efectivas para garantizar la independencia de los poderes y el debido funcionamiento del sistema de justicia, en cumplimiento a los estándares interamericanos.

Según la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la elección de altas autoridades del sistema de justicia está basada en el sufragio universal. Conforme al cronograma establecido, esta debe llevarse a cabo en 2023 para que las personas electas asuman en sus cargos en enero de 2024. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha anunciado la imposibilidad de realizar este proceso electoral en 2023, debido a que la ALP no ha finalizado la preselección de candidaturas y remitido las listas correspondientes al TSE para la organización de las elecciones. Al respecto, el Estado informó que, en este proceso, se han presentado acciones constitucionales para garantizar el debido desarrollo del proceso electoral.

Sumado a ello, la CIDH observa que el proceso de preselección de candidaturas, a cargo de la ALP ha estado marcado por la ausencia de consensos entre las distintas bancadas políticas que deben aprobar el reglamento y la convocatoria conforme establece la normativa nacional. Si bien la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley el 30 de agosto -que refleja los consensos políticos y agilizaría las elecciones- a la fecha, no se ha convocado a sesión en la Cámara de Diputados para la revisión y aprobación final de este proyecto. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil y representantes de las distintas fuerzas políticas han exigido la atención prioritaria a dicho proyecto, con el fin de garantizar la realización del proceso electoral.

La Comisión Interamericana recuerda que, según los estándares interamericanos, los procesos de nombramientos y selección de magistraturas revisten una importancia fundamental para asegurar la independencia, imparcialidad, eficacia de los órganos judiciales. Estos procedimientos deben cumplir con requisitos básicos como la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso igualitario e incluyente de todas las personas candidatas; la calificación con base en mérito y capacidades profesionales; así como participación de la sociedad civil para un efectivo control social. Además, es imperativo que estén libres de influencias políticas y de cualquier tipo de discriminación, a fin de generar confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones del Estado.

La CIDH urge al Estado Plurinacional de Bolivia, en especial, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a generar consensos, aprobar la convocatoria y el reglamento respectivos, para avanzar y concluir en tiempo y forma el proceso de selección de las autoridades de las mencionadas instituciones de justicia, en observancia de los estándares internacionales y con garantías de transparencia e independencia. Finalmente, se recuerda que la separación e independencia de los poderes públicos es un elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia representativa.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.