La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que exhorta a los legisladores bolivianos a resolver los conflictos derivados del estancamiento del proceso de las elecciones judiciales, garantizando la independencia de poderes.

“La CIDH urge al Estado Plurinacional de Bolivia, en especial, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a generar consensos, aprobar la convocatoria y el reglamento respectivos, para avanzar y concluir en tiempo y forma el proceso de selección de las autoridades de las mencionadas instituciones de justicia, en observancia de los estándares internacionales y con garantías de transparencia e independencia”, indica el pronunciamiento difundido ayer.

La Constitución Política del Estado prevé la elección de altas autoridades del sistema de justicia basada en sufragio universal. De acuerdo al cronograma establecido, este proceso debía llevarse a cabo en 2023 para que las personas electas asuman en sus cargos en enero de 2024. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) descartó que puedan realizarse este año, debido a acciones constitucionales contra la convocatoria y a que la ALP no realizó la preselección de candidatos.

“Si bien la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley el 30 de agosto (…) a la fecha, no se ha convocado a sesión en la Cámara de Diputados para la revisión y aprobación final de este proyecto”, recuerda el organismo, resaltando que la elección de magistrados asegura la independencia, imparcialidad y eficacia de los órganos judiciales.

Los procedimientos para ello, continúa, deben cumplir con requisitos básicos como la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso igualitario e incluyente de todas las personas candidatas; la calificación con base en mérito y capacidades profesionales; así como participación de la sociedad civil para un efectivo control social. 

Además, es imperativo que estén libres de influencias políticas y de cualquier tipo de discriminación, a fin de generar confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones del Estado.

El mensaje también dejó ver la preocupación de esta instancia por lo que podría interpretarse como una concentración del poder estatal en el ámbito político nacional. “Se recuerda que la separación e independencia de los poderes públicos es un elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia representativa”.

Finalmente, la CIDH pondera la actitud de organizaciones de la sociedad civil y representantes de las fuerzas políticas.