La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió esta jornada un comunicado para manifestar su preocupación por el proceso de las elecciones judiciales que se estancaron en el Legislativo; además, exhorta a garantizar la independencia de poderes.

"La CIDH Urge al Estado Plurinacional de Bolivia, en especial, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a generar consensos, aprobar la convocatoria y el reglamento respectivos, para avanzar y concluir en tiempo y forma el proceso de selección de las autoridades (...). Se recuerda que la separación e independencia de los poderes públicos es un elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia representativa", especifica un pronunciamiento emitido por el organismo internacional.

Según la CIDH se podría "debilitar el funcionamiento del sistema de justicia de Bolivia", en ese escenario, también instó a adoptar medidas efectivas para garantizar la independencia de los poderes y el debido funcionamiento del sistema de justicia, en cumplimiento a los estándares interamericanos.

Ante esa situación, el ministro de Justicia, Iván Lima, exhortó a la ALP a garantizar las elecciones para designar a las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, para preservar el sistema democrático como establece la Constitución Política del Estado.

"La CIDH acaba de instar al Estado boliviano, que a través de las instancias competentes, garantice las Elecciones Judiciales (...) hace un llamado a la Asamblea Legislativa a entrar en consenso para llevar adelante la preselección bajo los estándares de 'acceso igualitario e incluyente a todas las personas candidatas; calificación con base en méritos y capacidades profesionales; así como la participación de la sociedad civil para un efectivo control social'", remarcó el titular de Justicia en sus redes sociales.

Lima convocó a dar cumplimiento al comunicado de la Comisión Interamericana emitido en el marco de su mandato de garantizar la vigencia de los derechos y garantías constitucionales de los países de la región.