La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este martes un comunicado para manifestar su preocupación por el proceso de las elecciones judiciales que se estancó en el Legislativo; además, exhortó a garantizar la independencia de poderes.

“La CIDH urge al Estado Plurinacional de Bolivia, en especial, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a generar consensos, aprobar la convocatoria y el reglamento respectivos, para avanzar y concluir en tiempo y forma el proceso de selección de las autoridades de las mencionadas instituciones de justicia”, dice un comunicado emitido por el organismo.

La ley para convocar a la preselección de candidatos está congelada en la Cámara de Diputados, a pesar de que el Senado ya la aprobó. En medio de esta situación, las bancadas opositoras y del “evismo” acusaron a sus colegas “arcistas” de obstaculizar el tratamiento de la norma.

La CIDH señaló que el Senado aprobó la norma que refleja consensos políticos y agilizaría las elecciones, pero observó que la Cámara de Diputados no ha convocado a sesión para la revisión y aprobación final de este proyecto.

El organismo manifestó su preocupación por que estos desafíos “pueden debilitar el funcionamiento del sistema de justicia de Bolivia”.

Exhortó a que la Asamblea adopte “medidas efectivas para garantizar la independencia de los poderes y el debido funcionamiento del sistema de justicia, en cumplimiento a los estándares interamericanos”.

“Los procesos de nombramientos y selección de magistraturas revisten una importancia fundamental para asegurar la independencia, imparcialidad, eficacia de los órganos judiciales”, recordó la CIDH.

Los actuales magistrados fenecen su mandato este 2023, sin embargo, debido a la tardanza en la preselección, el Órgano Electoral ha descartado realizar las elecciones judiciales este año, lo cual genera incertidumbre sobre quiénes ejercerán las magistraturas en 2024.   

La CIDH recordó que el nombramiento de magistrados debe cumplir con “requisitos básicos como la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso igualitario e incluyente de todas las personas candidatas; la calificación con base en mérito y capacidades profesionales; así como participación de la sociedad civil para un efectivo control social”.

Además, señaló que es imperativo para los nombramientos que estén libres de influencias políticas y de cualquier tipo de discriminación, a fin de generar confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones del Estado.

Lima responsabiliza al Senado

Legisladores y expertos constitucionalistas señalaron al ministro de Justicia, Iván Lima, y a la bancada “arcista” en la Cámara de Diputados de trabar la ley corta de elección judicial; mientras el titular de Justicia responsabilizó al Senado por el contenido del proyecto de ley que está en Diputados.

“La voluntad política se ha visto conflictuada en el sistema de partidos, en el Senado se aprobó el proyecto porque estaba vigente el acuerdo político; sin embargo, como algunas comisiones están en poder de la línea 'arcista' han impedido el trabajo, es un desgaste muy fuerte en términos políticos y se está logrando defenestrar el proceso de elecciones”, declaró el abogado constitucionalista Israel Quino, en referencia a la situación del proyecto de ley.

Ayer, martes, se conoció un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que expresan su preocupación por la demora de la elección judicial y llama a las autoridades de la Cámara de Diputados, principalmente, a garantizar las elecciones.

Fue el ministro de Justicia quien salió en defensa del presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado y publicó observaciones al proyecto de ley del Senado que está trabado en la comisión que dirige el 'arcista' Juan José Jáuregui. 

“Lamentablemente la norma aprobada en la Cámara Alta, vulnera estos puntos mencionados al haber establecido la posibilidad votar en plancha y al dejar de lado la evaluación oral. Convocamos a las instancias competentes a dar cumplimiento al comunicado de la Comisión Interamericana emitido en el marco de su mandato de garantizar la vigencia de los derechos y garantías constitucionales de los países de la región”, señala el tuit de Lima.

Precisamente el diputado Delfor Burgos (MAS-ala 'arcista') dijo que las consultas que envió la comisión de Constitución no tuvieron respuesta de las entidades a las que se consultó de manera legal sobre la viabilidad de las elecciones judiciales.

“La comisión de Constitución ha hecho las consultas a las diferentes instancias, en base a lo que ellos han definido y tenemos conocimiento de que esas consultas no han llegado oficialmente y si han llegado son algunas”, reveló el diputado oficialista.

Su colega opositora, Lissa Claros, responsabilizó al presidente del Estado, Luis Arce, al ministro Lima y al diputado Jáuregui de trabar deliberadamente el proyecto de ley con la única intención de impedir la realización de las elecciones judiciales. Dijo que el presidente de los diputados, Jerges Mercado, solo es un “títere” que cumple los mandatos del Ejecutivo.

“Ya se ha dado un golpe a la Asamblea (con el tema de las interpelaciones), se ha dado un golpe a la Justicia en Bolivia, ¿qué más podemos esperar de este gobierno? En más de un mes hemos sesionado una sola vez, el señor Jerges Mercado está sirviendo de títere y hace los mandados, en este caso, al presidente Arce y del ministro Iván Lima”, acusó la diputada opositora.