Tomado de Sumando Voces

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un urgente llamado al Estado boliviano, particularmente a la Asamblea Legislativa, a garantizar las elecciones judiciales, y recordó que “la separación e independencia de los poderes públicos es un elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia representativa”.

La entidad, que es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó su preocupación por la no selección de candidatos a magistrados de las altas cortes del país, lo que puede “debilitar el funcionamiento del sistema de justicia en Bolivia”.

“En este escenario, urge al Estado, en particular a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), a adoptar medidas efectivas para garantizar la independencia de los poderes y el debido funcionamiento del sistema de justicia, en cumplimiento a los estándares interamericanos”, indicó la entidad en un comunicado emitido este martes.

Según la Constitución boliviana, los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura deben ser elegidos por voto popular, pero antes la Asamblea debe seleccionar a los candidatos, proceso que ha quedado trabado por la falta de acuerdos entre los diferentes frentes políticos.

Al respecto, “la CIDH observa que el proceso de preselección de candidaturas, a cargo de la ALP ha estado marcado por la ausencia de consensos entre las distintas bancadas políticas que deben aprobar el reglamento y la convocatoria conforme establece la normativa nacional”.

La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley el 30 de agosto, pero la Cámara de Diputados aún no ha convocado a una sesión para la revisión y aprobación final de este proyecto o para el tratamiento de uno nuevo.

Según la CIDH, “los procesos de nombramientos y selección de magistraturas revisten una importancia fundamental para asegurar la independencia, imparcialidad, eficacia de los órganos judiciales. Estos procedimientos deben cumplir con requisitos básicos como la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso igualitario e incluyente de todas las personas candidatas; la calificación con base en mérito y capacidades profesionales; así como participación de la sociedad civil para un efectivo control social. Además, es imperativo que estén libres de influencias políticas y de cualquier tipo de discriminación, a fin de generar confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones del Estado”.

En ese marco, el organismo internacional, urge al Estado “a generar consensos, aprobar la convocatoria y el reglamento respectivos, para avanzar y concluir en tiempo y forma el proceso de selección de las autoridades de las mencionadas instituciones de justicia, en observancia de los estándares internacionales y con garantías de transparencia e independencia”.