Jalón de orejas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abogó, una vez más, por la independencia de los poderes públicos en Bolivia y planteó la urgencia de lograr consensos que permitan la elección de los magistrados del Órgano Judicial.

“La CIDH expresa preocupación ante los desafíos que se presentan en el proceso de elección de las autoridades para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura que pueden debilitar el funcionamiento del sistema de justicia de Bolivia”, dijo ayer el organismo en un comunicado emitido desde Washington.

El proceso para la realización de las elecciones judiciales fue paralizado por la presentación de dos recursos judiciales, además de en un fallo que demoró más de 45 días en ser analizado. A eso se suma el pedido de control de constitucionalidad solicitado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre un proyecto de ley que aprobó el Senado el 31 de agosto para viabilizar el proceso electoral. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tiene hasta la primera semana de diciembre para pronunciarse sobre el caso. 

Por eso, los magistrados del TSJ plantearon la necesidad de “flexibilizar” su mandato ante la imposibilidad material de llevar adelante la elección de 23 magistrados del Órgano Judicial antes que concluya este 2023, como lo dispone la Constitución Política.

A pesar del acuerdo alcanzado en el Senado, la norma aprobada en el Legislativa no fue debatida.

“Hay un ataque instrumentalizado por el poder político a través de fallos judiciales para defenestrar el proceso de elección judicial. Esto es muy grave. Han dejado prácticamente sin posibilidad técnica electoral para que ese 2003 haya elecciones, y lo han hecho durante todo el año de manera sostenida”, consideró el constitucionalista Israel Quino.

Conforme al cronograma de trabajo establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en función del término de mandato de los magistrados previsto legalmente para el 31 de diciembre, las elecciones judiciales debieron haberse realizado antes de ese plazo. Pero, hasta ahora el Legislativo no seleccionó a los candidatos para los altos cargos del Órgano Judicial en función de una ley que, por ahora está congelada por las demandas judiciales.

Ante ello, “la CIDH urge al Estado Plurinacional de Bolivia, en especial, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a generar consensos, aprobar la convocatoria y el reglamento respectivo para avanzar y concluir en tiempo y forma el proceso de selección de las autoridades de las mencionadas instituciones de justicia, en observancia de los estándares internacionales y con garantías de transparencia e independencia”, se lee en el comunicado de ayer.

Ante esta parálisis del proceso, la CIDH recordó “que la separación e independencia de los poderes públicos es un elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia representativa”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que el llamado de la Comisión guarda relación con los estándares internacionales de “acceso igualitario e incluyente a todos los candidatos, calificación con base en méritos y capacidades profesionales, así como la participación de la sociedad civil para un efectivo control social”. 

“Lamentablemente la norma aprobada en la Cámara Alta vulnera estos puntos mencionados al haber establecido la posibilidad votar en plancha y al dejar de lado la evaluación oral”, afirmó Lima.

El ministro pidió a las instancias competentes “a dar cumplimiento al comunicado de la Comisión Interamericana emitido en el marco de su mandato de garantizar la vigencia de derechos y garantías constitucionales” en la región.

El diputado Óscar Balderas, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), señaló que la crisis actual es el reflejo de la interferencia del MAS y el Gobierno en la justicia. “Ahora que están divididos, la pelea es por el control de ese poder estatal”, mencionó. 

“En más de un mes hemos sesionado una sola vez, el señor presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, está sirviendo de títere y hace los mandados, en este caso, al presidente Luis Arce y del ministro Lima”, dijo la diputada Lissa Claros (CC).

“En el legislativo existen dos aristas del oficialismo, una depende del Ejecutivo y la otra depende del partido político (MAS). Esto es lo que tiene que cambiar, no pueden contraponer sus intereses y con ello defenestrar un proceso eleccionario”, señaló Quino a tiempo de detallar los riesgos que enfrenta la institucionalidad democrática del país por efecto de la omisión en la elección judicial.

De hecho, el evismo se movilizó a inicios de mes para que se trate la llamada ley corta aprobada en el Senado, pero la iniciativa legal no llegó a ser debatida en Diputados.