La Consulta Previa sobre la constitucionalidad del proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024, activada por el TSJ, se constituye en el tercer obstáculo para la renovación de magistrados en Bolivia, cuyo proceso debía desarrollarse este año.

En solo cuatro meses se activaron tres acciones en contra del proceso de elecciones. En primera instancia, en abril de este año, el postulante a magistrado por el Beni, Miguel Ángel Balcázar, planteó una Acción de Amparo en contra del reglamento de preselección de candidatos a magistrados que paralizó este trámite, subsanado aquello, pocos días después y el mismo mes, el diputado de Creemos Leonardo Ayala interpuso una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta (AIA) que  nuevamente frenó las elecciones. El TCP emitió sentencia declarando nulas la convocatoria y el reglamento de preselección el 31 de julio.

En agosto de este año, el Senado aprobó un nuevo proyecto de Ley de elecciones judiciales que dejaba a los actuales magistrados sin la posibilidad de repostularse, pero el 20 de septiembre, el presidente del TSJ, Ricardo Torres interpuso una Consulta al TCP sobre la constitucionalidad del proyecto de "Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024” que estaba en trámite en la Cámara de Diputados.

Con esa acción, el proyecto de ley se encuentra paralizado desde hace cuatro días, hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronuncie sobre la constitucionalidad del artículo 2 y la Disposición Adicional Sexta del mencionado proyecto que serían contrarios a la Constitución Política del Estado.

El artículo 113 de la Ley 254 del TCP, Código Procesal Constitucional, establece que la formulación de la consulta suspenderá el procedimiento de aprobación del proyecto de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El artículo 114 de la misma ley, que hace referencia al procedimiento, establece que recibida la consulta la Comisión de Admisión verificará el cumplimiento de los requisitos, en el plazo de dos días, en su caso dispondrá se subsanen las observaciones en el plazo de cinco días, subsanadas las mismas, inmediatamente procederá al sorteo del magistrado o magistrada relator. El TCP emitirá su Declaración Constitucional en el plazo máximo de 30 días a partir del sorteo.

De acuerdo con la página web del TCP, la consulta ya se encuentra en la Comisión de Admisión que fue remitida el jueves 21 y será esa instancia la que se pronuncie si admite o no.

SENADORA VE OBSTÁCULO

En criterio de la senadora y exmagistrada del Tribunal Constitucional Silvia Salame si bien el presidente del TSJ tiene legitimidad para hacer la consulta, pero esta solo se limita a la “materia judicial”, “misma que debe entenderse como potestad de impartir justicia en diversos ámbitos, conforme al título III de la Segunda Parte de la CPE (artículo 178-204), lo que no alcanza al ámbito orgánico y administrativo que trata el proyecto de ley de Preselección de Autoridades Judiciales”.

“Si admitiese esta Consulta, sería una muestra clara que los actuales magistrados del TSJ y del TCP son parte de la estrategia de impedir que las elecciones judiciales se realicen”, señala la parlamentaria opositora.  

Tras conocer la sentencia constitucional de 31 de julio que anuló la convocatoria y el reglamento de preselección de candidatos a magistrados, el Senado aprobó un nuevo proyecto de ley el 31 de agosto y lo remitió a Diputados y este, resolvió el 6 de septiembre, darse el tiempo necesario para tramitar dicho proyecto.

En la parte del Petitorio del documento, el TSJ pide al TCP pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 2 y la Disposición Adicional Sexta del proyecto de ley 144/2022-2024, proyecto de ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2023.

Asimismo, solicitan "Notificar a la Asamblea Legislativa Plurinacional la suspensión en el tratamiento de cualquier proyecto de ley que tenga por finalidad regular la preselección de altas autoridades".