Salvando algunas circunstancias de tiempo, el mal funcionamiento del Órgano Judicial es más que centenario, disfunción institucional que fue agudizándose hasta llegar a practicarse el repudiable cuoteo, es decir la repartija de cargos judiciales entre los partidos con representación parlamentaria, degeneración que al provocar la indignación pública se trató de remediar en ocasión de la aprobación de la Ley de Necesidad de Reforma de la Constitución de 1993.

En esa oportunidad, a un prestigioso académico que oficiaba de parlamentario se le ocurrió, de buena fe, proponer por vez primera la incorporación de las llamadas elecciones judiciales en procura de despolitizar esos nombramientos, la opinión pública pronto se dio cuenta de que este remedio resultaba peor que la enfermedad y se emitieron duras críticas al respecto.

Ya años antes en el periódico Los Tiempos del 18 de mayo de 1991, el columnista y abogado Justo del Río refiriéndose a estas elecciones populares decía: “nos parece el peor absurdo que se haya podido decir, pues la influencia política en tales elecciones llegaría a los extremos inconcebibles y cualquier abogadillo mediocre y pobre de espíritu acabaría encumbrándose en el sillón del juzgador para hacer barbaridades”. Lo dicho en ese artículo se ha cumplido milimétricamente e inescrupulosamente se insiste en su realización.

La reacción adversa de la ciudadanía en general hizo que pronto se retiraría tal propuesta, el año 1996 escribí el libro Páginas Constitucionales, efectuando un estudio sobre el sufragio popular para la elección de magistrados en el mundo, mostrándose que ningún país emplea este procedimiento para elegir magistrados del máximo nivel jurisdiccional, aunque en algunos países se aplica el voto popular para designar a jueces de menor jerarquía.

Lamentable, en Bolivia quedó instituido el sufragio popular referido al haber sido aprobado entre “opositores” y masistas en la Asamblea Constituyente, ellos son los responsables de esta desgracia nacional. Y los “cerebros grises” que redactaron la Constitución vigente —y desde luego este sufragio desastroso— son los españoles que concibieron las Constituciones de Venezuela, Ecuador y otros países pobres latinoamericanos, así como vendieron asesoramiento político al kirchnerismo en la Argentina. Como es frondosa la lista de dichos españoles, citamos solo algunos de esos nombres como los de Roberto Viciano, Rubén Martínez Dalmau, José Luis Martínez, Albert Noguera, Alfredo Serrano, Juan Carlos Monedero, nombre éste que es ya un clásico en los países populistas, todos ellos componentes del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) y en su mayoría de Creemos del Socialismo del siglo XXI.

Un muchacho español, Íñigo Errejón, exmilitante de Podemos de España y también miembro político del grupo español señalado, vendió al Gobierno de Bolivia su tesis de licenciatura en derecho postulando las elecciones populares judiciales para ser introducido este procedimiento en la Constitución Política del Estado Plurinacional.

Los resultados y efectos amargos de este acto ominoso los conoce y sufre la ciudadanía y lo insólito y repudiable es que aquellos que renegaban de este pernicioso procedimiento hoy se cortan sus venas pidiendo la realización de las desdichadas elecciones judiciales con el fin de retornar al repudiado cuoteo.

Reiteramos, en ningún país del mundo se aplica este procedimiento. Nosotros somos los únicos genios terráqueos que conocemos de la “excelencia” de estas elecciones, por eso la justicia en Bolivia está como está.