La pugna electoral para controlar al Movimiento Al Socialismo (MAS) golpea a los tres poderes del Estado, según la postura de los mismos protagonistas. Hay tensión, nadie pacta y las elecciones judiciales están congeladas en medio de denuncias de “cuoteo”.​

“Este es un bloqueo cargado de intereses personales y un cuoteo para los máximos tribunales del Órgano Judicial”, denunció la diputada Miriam Martínez, de la facción del MAS que respalda al Gobierno del presidente Luis Arce.

La denuncia de la legisladora tuvo lugar luego de que ‘arcismo’ intentara —sin éxito— aprobar, la madrugada del viernes 22 de septiembre, la ley de Lucha contra la Impunidad en Delitos Sexuales contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes, una de las normas más publicitadas por el Gobierno y que fue presentada hace cuatro meses a la sazón del escándalo de pederastia que estalló contra religiosos de la Compañía de Jesús. De hecho, la propuesta prevé investigar a religiosos, sube las penas y declara que esos delitos serán de carácter imprescriptible.

Este rechazo, asumido como un golpe por parte del Ejecutivo, fue respondido por el ministro de Justicia, Iván Lima. La autoridad mostró la lista de los 54 legisladores que rechazaron esa norma que ahora tendrá que ser reformulada para otro intento. Solo 44 diputados validaron la iniciativa y esa es la correlación de fuerzas que tiene Arce en el escenario legislativo.

“Estos 54 diputados, que corresponden al pacto entre Evo Morales y Carlos Mesa, es decir, a diputados de Comunidad Ciudadana y de Evo Morales, claramente tenían una intencionalidad política de afectarnos y no les ha temblado el voto para ir en contra de los intereses de niños y adolescentes que deberían ser sagrados”, afirmó el ministro. Destacó así la norma y divulgó su contenido a través de todas sus redes sociales.

Según Lima, el único argumento para rechazar este proyecto de ley “ha sido el odio contra el ministro de Justicia y el diputado (Juan José) Jáuregui”, quien enfrenta una denuncia por delitos sexuales. “Como todos los bolivianos tiene el principio de inocencia y tendrá que ser la justicia que lo condene”, afirmó Lima tras asegurar que el rechazo a la nueva norma deja “sin justicia” a los niños, niñas y adolescentes del país.

“Ha vencido el odio manifiesto, ha vencido la arbitrariedad, ha vencido la afectación a nuestra Constitución porque tenemos un grupo de 54 diputados que han dado la espalda a las víctimas”, insistió el ministro a los periodistas.

Desde las bancadas de oposición recordaron a Lima que aún está pendiente la reforma judicial y la elección de magistrados no se podrán realizar este año y, probablemente, tampoco el próximo por la existencia de “un golpe técnico” que pudo ser protagonizado por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Esto porque ambas entidades aceptaron demandas contra la próxima elección de magistrados del Órgano Judicial.

“Este tipo de fallos está dejando sin mayores atribuciones a la Asamblea Legislativa. Es como un golpe, ejecutado desde la justicia”, declaró el diputado Quintín Villazón Garnica (MAS-’evista’)

La diputada Luisa Nallar (CC ) también reprochó, pero consideró que se trata de “la pelea del MAS por el control de la justicia”. Así, rechazó la postura de Iván Lima.

La senadora Andrea Barrientos (CC) recordó que la justicia liberó de culpa a un senador del MAS que estaba acusado de violación y lamentó que, entonces, el Ejecutivo no haya dado las señales adecuadas. El legislador señalado, Hilarión Mamani, falleció hace seis meses por causas naturales.

Según la Constitución Política del Estado, el mandato de las 23 altas autoridades del Órgano Judicial, además de sus suplentes deben dejar sus cargos el 31 de diciembre para que asuman las autoridades que electas por voto.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé señaló que la justicia es un servicio del Estado “y no puede paralizarse” sin la elección de magistrados. Eso sí, explicó que la carta procesal se incrementará y los dictámenes de las altas cortes del país demorarán más.

La preocupación de Rodríguez Veltzé, quien presidió la Corte Suprema de Justicia a inicios de este siglo, tiene que ver también con las trabas legales que enfrentó el proceso electoral judicial, así como la reforma del Sistema Judicial que formó parte de los anuncios iniciales del Gobierno de Arce.

De hecho, el TCP demoró 45 días en analizar un recurso sobre la convocatoria y ordenó que el proceso se haga bajo el respaldo de dos tercios. Lo hizo al filo del plazo, pero ninguna de las fuerzas políticas pudo ponerse de acuerdo para viabilizar una ley con la que se seleccione a los candidatos a magistrados. El Senado planteó una ‘ley corta’, pero “no hubo voluntad política” de la facción “renovadora” del MAS de Luis Arce. Esta fue la conclusión del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, ante este escenario.

Ahora, horas antes del tratamiento de la ley reclamada por el Ejecutivo, el TSJ remitió una consulta al TCP con varias observaciones a esa ‘ley corta’ que fue defendida vehementemente por el ‘evismo’. El diputado Héctor Arce, quien es parte de esa facción, cuestionó duramente al Ejecutivo por evitar que esta norma sea tratada en la Cámara de Diputados. Ahora, esa iniciativa no será analizada hasta que el TCP emita un dictamen probablemente a inicios de diciembre. Esa entidad judicial también prohibió que se trate la ley de interpelaciones hasta que no se emita una opinión sobre el modo de fiscalización.

El TSJ señalo que esa ‘ley corta’ “carece de legitimidad material debido a la falta del proceso de preselección” de los candidatos que debió cumplir el Legislativo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, a pesar de estas señales consideró que “no están desahuciadas las elecciones; lo que tenemos que hacer es avanzar como corresponde, pero sin tener que marchar al ritmo de otros órganos del Estado”, dijo.

En la Asamblea Legislativa aún está pendiente de aprobación el presupuesto reformulado del Estado, así como la validación de la lista de nuevos embajadores, entre ellos los nuevos representantes de Bolivia en China y Brasil.

Ante esta parálisis, el diputado Beto Astorga de CC afirmó que “la bancada de Luis Arce ya no tiene mayoría y ahora tendrá que aprender a dialogar”. Negó que su bancada haya pactado con el MAS de Evo Morales. “Nos separan ríos de sangre”, apuntó el representante político de oposición al recordar la crisis política de 2019, cuando “se produjo un golpe” con el fraude que se intentó consumar.

ANÁLISIS

¿Un decretazo para prorrogar a los magistrados?

Por Israel Quino, constitucionalista

La propia cúpula judicial, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que cesará en funciones el 31 de diciembre, ahora defenestra las elecciones judiciales previstas para 2024. Así, se abre camino a la prórroga o la re-designación de funciones de los 23 magistrados titulares. ¿Se viene el decretazo?

Ahora, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió un recurso de consulta del TSJ sobre la ‘ley corta’ y paraliza, otra vez, el proceso para la elección de altos magistrados hasta las primeras semanas de diciembre. Eso puede provocar que el mandato de las autoridades sea prorrogado. Pueden emitir una declaración constitucional auto-prorrogándose todos en sus funciones, el propio constitucional va a fallar para sí mismo y si esto sea objetado, llegado al 31 de diciembre, sin autoridades electas y con los tiempos sobrelimitados van a acudir a la vía del decretazo hasta nuevo aviso.

Previamente, el TCP se tomó 45 días para un fallo sólo para decir que la convocatoria no debió hacerse por reglamento, sino por una ley y que la Asamblea Legislativa Plurinacional haga una nueva norma vía dos tercios para volver a reanudar el proceso. Debe existir consenso de dos tercios desde el diseño del reglamento y la convocatoria a efecto de no volver a contravenir el mandato de la Constitución. De lo contrario, otra acción de defensa o de inconstitucionalidad volverá a paralizar la elección y TCP analizará la convocatoria “en el fondo” y así hasta el día del “nunca jamás”.

Esos recientes fallos (todos de este año) tienen objetivos políticos: cercenar/eliminar a los otros poderes del Estado (que intenten generar equilibrio de poderes) y autolegitimar en el poder al aparato gubernamental pisoteando inclusive la Constitución Política del Estado y a quienes se resistan les aplicarán el ‘lawfare’ judicial. Es un golpe técnico judicial.