Lejos de la democracia y muy cerca del autoritarismo, así se encuentra el sistema político boliviano. El colapso del Órgano Judicial es inminente puesto que las altas autoridades judiciales están a pocos meses de concluir su mandato y no hay acuerdo ni voluntad real de ninguna fuerza política para encontrar una salida posible que viabilice la elección magistradas, magistrados y miembros del Consejo de la Judicatura.

De hecho, el Tribunal Supremo Electoral ha explicado con mucha claridad que ya no es posible llevar adelante una elección en lo que queda del año por las complejas tareas que se deben encarar para organizar una votación nacional.

La Cámara de Senadores logró aprobar una ley corta que no establecía fechas precisas, pero recortaba plazos al mínimo posible para cumplir y hacer cumplir la Constitución. La ley pasó a diputados para su revisión y los parlamentarios afines al presidente Luis Arce no tuvieron mejor idea que hacer consultas a una serie de instituciones, entre ellas el Tribunal Supremo de Justicia que, a la vez, recurrió al Tribunal Constitucional para que se efectúe un control previo de constitucionalidad. Claramente, es un jaque mate.

El problema radica en que el 2 de enero se inicia el año judicial y los altos tribunales estarán acéfalos. Se especula que Luis Arce aprobará un decreto supremo para que los actuales magistrados permanezcan en funciones hasta nuevo aviso. ¿El presidente puede recurrir a un decreto para modificar plazos de los mandatos constitucionales? Definitivamente, no; salvo que esté pensando seriamente en dejar de ser un gobernante democrático.

Inexplicablemente, el primer mandatario y el vicepresidente David Choquehuanca no han mostrado interés ni preocupación por este problema; ellos, junto a Evo Morales, están enfrascados en la lucha interna del MAS, están ocupados en colocar piedras fundamentales para obras de dudoso beneficio para el país, están interesados en reproducir el poder en lugar de preservar la democracia.

En la otra acera, una fraccionada, débil y opaca oposición es incapaz de actuar con algo de desprendimiento y coherencia. Los opositores también buscan sacar ventajas políticas en medio de este desconcierto. Son corresponsables de este cercano e inevitable fracaso de la democracia.

En ese contexto, el Tribunal Constitucional (TCP) está jugando un papel muy cuestionable porque actúa como juez y parte ya que todos sus miembros están prontos a cesar en sus funciones. De pronto le surgió un fuerte apego a la letra muerta de la Carta Magna.

A finales de agosto y cuando cada día contaba, el TCP declaró nulos todos los actos realizados hasta ese entonces para avanzar en la convocatoria y selección de postulantes y emitieron un fallo, les exige el cumplimiento a rajatabla de la regla de dos tercios de la Asamblea Legislativa en todas las instancias de la selección de postulantes. Adicionalmente, se debe recordar que las notificaciones sobre el mencionado fallo llegaron tarde a la Asamblea Legislativa.

Precisamente este grupo de magistrados tuvo una conducta sinuosa en la crisis política de 2019 – 2020, eliminó una sentencia constitucional de su propia página web y algunos de sus miembros declararon públicamente su admiración y cercanía con el expresidente Evo Morales, y se está tomando todo el tiempo del mundo para restituir la facultad fiscalizadora de la Asamblea Legislativa respecto a las interpelaciones y destituciones de ministros de Estado. En síntesis, tiene un prestigio y una credibilidad muy desportillados por sus propias decisiones.

Una vez más se avizoran días complejos para la democracia boliviana porque el sistema no puede ni debe funcionar con un Órgano Judicial descabezado, con una Asamblea Legislativa que no sesiona, no legisla ni fiscaliza y con un Órgano Ejecutivo que ha demostrado escaso interés en respetar las reglas del juego democrático. Hay peligro inminente, es necesario alertarlo.