Los bolivianos no nos sorprendimos al enterarnos de que hubo partidos de la primera división del fútbol boliviano cuyo resultado se acordó previamente por una razón: ya vimos cómo el manejo de ese deporte cayó hasta lo más bajo en 2015. En septiembre de aquel año, el entonces presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Carlos Chávez, era detenido por un escándalo similar, pero de dimensiones mundiales: se había confirmado el arreglo de partidos internacionales y el hecho estaba vinculado a delitos como lavado de dinero. El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, fue detenido y se acabó su imperio de corrupción, pero todo indica que fue heredado por otros.

¿Debemos soportar cualquier acto inmoral solo porque otros lo cometieron antes? ¡No! Eso fue lo que dije cuando dirigentes del Movimiento Cívico Popular, la agrupación ciudadana del alcalde de Potosí, Jhonny Llally, dieron la cara para justificar los descuentos del 3 por ciento que se hacía a los trabajadores a contrato de ese gobierno municipal.

El vicepresidente de esa organización, el concejal Emilio Elías, dijo que los descuentos son práctica corriente en los partidos políticos y señaló que debieron aplicarlos porque fue una decisión de un congreso de su agrupación ciudadana. “Sí o sí tiene que cumplirse”, dijo, como si la decisión de un partido estuviera por encima de la Constitución y las leyes.

El lío por los descuentos es apenas un elemento en el escándalo de corrupción más grande que ha afectado a la Alcaldía potosina en tiempos democráticos. El asunto incluye acusaciones de tipo sexual que han llevado a Llally a la cárcel.

Se aprovechó la llegada al poder para robar descaradamente, pero eso no ocurrió solo en la Alcaldía, sino también en la Gobernación de Potosí donde la corrupción tiene un rótulo que ha ganado fama mundial: 41 ambulancias. En este caso, el principal involucrado, el gobernador Johnny Mamani, no solo negó rotundamente su responsabilidad, expresamente establecida en el Decreto Supremo 4432, sino que siguió desempeñando tranquilamente su cargo, confiado porque la Fiscalía de Potosí no hizo nada en su contra. El descaro le duró hasta que la Fiscalía de La Paz lo detuvo por cargos vinculados a lavado de dinero.

Potosí se ha quedado si gobernador ni alcalde titular y sus habitantes lamentamos nuestra mala suerte. Pero lo que realmente indigna es que la gente del entorno de “los Jhonnys” no solo sigue justificando lo que ha sucedido, y nos quiere hacer creer que no son ilegalidades, sino que espera que miremos la corrupción como algo que se ha normalizado y, por tanto, debe aceptarse sin tapujos.

Y eso, aceptar la corrupción sin protestar, es lo último que debemos hacer. 

(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.