La admisión por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional de un recurso de consulta previa presentado por el Tribunal Supremo de Justicia sobre la llamada ley corta que ponía el marco a las elecciones judiciales paraliza el proceso para la elección de los altos magistrados y puede llegar a provocar que el mandato de las actuales autoridades sea prorrogada, según el analista Israel Quino.

Para el jurista Israel Quino, la admisión de la consulta previa de Constitucionalidad sería una muestra de la "instrumentalización de fallos constitucionales"  para evitar la renovación de las actuales autoridades, cuyo mandato fenece el 31 de diciembre. Expuso que el TCP emitirá un fallo en 60 días, casi a inicios de diciembre, por lo que asegura que habrá un decretazo o una re-designación de funciones de los actuales magistrados.

“Van a quebrantar los plazos técnicos electorales para imposibilitar la elección (…) esta es una ley electoral de convocatoria al proceso eleccionario, por eso incumple el requisito de formalidad del Tribunal Supremo, pero seguramente lo van a admitir y va a emitir un fallo en 60 días, esto significa que hasta inicios de diciembre van a hacer conocer una sentencia”, expuso el jurista.

En ese sentido, Quino prevé que, en tanto no haya ley ni elecciones judiciales, los magistrados se quedarán en sus cargos, mediante una resolución constitucional que se llama en la vía de control previo “declaración constitucional plurinacional”.

“Van a emitir una declaración constitucional auto-prorrogándose todos en sus funciones, el propio constitucional va a fallar para sí mismo y si esto sea objetado, llegado al 31 de diciembre, sin autoridades electas y con los tiempos sobrelimitados van a acudir a la vía del decretazo hasta nuevo aviso, de forma indefinida”, explicó.

El proyecto de ley N.º 144/2022-2023 para las elecciones judiciales fue aprobado en el Senado y luego pasó a Diputados, pero una comisión lo envió a revisión ante seis instancias. Los diputados evistas hicieron una huelga de hambre en pedido del tratamiento de la norma y acusaron a arcistas de buscar dilatar el proceso de preselección y elección.

En pasadas horas, el TSJ pidió al TCP un pronunciamiento sobre el artículo 2 y la disposición adicional sexta del proyecto de ley N.º 144/2022-2023, además, de una suspensión del tratamiento de la norma a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Dicha instancia fundamenta que el proyecto de ley carece de legitimidad material debido a la “falta de un proceso de preselección de altas autoridades judiciales adecuado. En efecto, este proyecto de ley acorta el proceso de preselección y no valora el mérito de los candidatos, lo que va en contra de los argumentos presentados en la ratio decidendi de la sentencia constitucional 0060/2023”.