Daniel Atahuichi Quispe y Rosario Baptista Canedo fueron elegidos, junto a otras cuatro personas, para conformar el nuevo Tribunal Supremo Electoral. Ambos tuvieron vínculos con el Movimiento Al Socialismo, el primero con Juan Ramón Quintana y la segunda con Álvaro García Linera.

Atahuichi, alteño y doctor en Economía, fue consultor del Ministerio de la Presidencia entre 2006 y 2010, durante la gestión de Juan Ramón Quintana y formó parte de un equipo de investigación liderado por el exministro. Quintana y Atahuichi, con cuatro académicos más, entre ellos la esposa de Quintana; publicaron en 2005 el libro “Policía y democracia en Bolivia” con el PIEB.

Según se puede ver en un mensaje de redes sociales publicado en junio de 2018, cuando Atahuichi obtuvo el título de doctor en Economía, una usuaria –exfuncionaria de Gobierno y cercana a Carlos Romero y otras autoridades- comentó: “Hace tiempo que trabajaba en el Gobierno, yo diría que mucho de este logro fue gracias al exministro y ahora embajador Juan Ramón Quintana”.

EL DEBER intentó comunicarse con Atahuichi para conocer cuál es su relación con la exautoridad, pero estaba ocupado.

Por otro lado, Rosario Baptista Canedo, que es abogada con especialidad en derechos humanos y género, fue representante en 2001 de Álvaro García Linera, de su hermano Raúl y de su expareja Raquel Gutiérrez, entre otros, en una petición realizada ante la Comisión Internamericana de Derechos Humanos (CIDH). El documento, disponible en internet, denunciaba “detención arbitraria, hostigamiento a familiares, tortura, procesamiento y persecución indebidas de las presuntas víctimas, a raíz de las actuaciones surtidas en proceso penal en el que se les acusaba de la comisión de 14 delitos”.

El caso hacía referencia a la detención de estas personas, por parte de las fuerzas de seguridad del Estado boliviano, bajo la acusación de pertenecer al Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK) en 1992.

Tres años después de haber sido presentada esta petición ante la CIDH, Baptista se hizo a un lado del caso y Jörg Stippel asumó la representación de los peticionarios en su reemplazo.

En contacto con EL DEBER, Baptista explicó que en esa época trabajaba en una institución de derechos humanos (Instituto de Servicios Legales e Investigación Jurídica) y que asumió la defensa legal de los acusados. Según Baptista, estas personas estuvieron presas durante muchos años y entre el sumario y el plenario, cuando concluyó la investigación, pasaron tres años sin que se abriera la siguiente etapa, vulnerado de esa forma el derecho de defensa.

“Hablando de la perspectiva de los derechos humanos, estas violaciones de derechos no son admisibles” y añadió que cuando se trabaja en ese ámbito “el tema de principios prevalece por encima de cualquier cosa”.

Baptista señaló que luego dejó el caso porque dejó de trabajar en la institución mencionada y que no volvió a tener contacto con los García Linera ni sus allegados. La independencia de su trabajo como vocal electoral se sustentará, afirma, en su trayectoria profesional y en el hecho de no haber sido parte de ningún partido político.