La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presentó una Consulta Previa de constitucionalidad del proyecto de Ley Transitorio para las Elecciones Judiciales 2023-2024 y pidió dejar en suspenso el tratamiento de cualquier norma sobre este tema mientras no se pronuncie el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

De esta forma, el TCP tiene en sus manos admitir el recurso en un plazo de 48 horas, y solamente con hacerlo postergará su tratamiento hasta que lo resuelva, atando a la Asamblea y postergando el proceso para dar viabilida a los comicios por un tiempo indefinido.

Así, los jerarcas de la justicia pusieron en jaque mate las elecciones judiciales y tienen en sus manos no irse el 2 de enero como manda la Constitución Política del Estado. El proceso electoral para renovar la justicia queda frenado por los magistrados que tendrían que ser reemplazados en los comicios.

Una fuente cercana al Gobierno aseguró que no hay otro camino y que, como ocurrió en 2020 con asambleístas y autoridades subnacionales ante el vacío de poder dejado por Evo Morales tras su renuncia a la presidencia y su salida del país, los magistrados judiciales deberán ampliar su mandato hasta que se puedan realizar los comicios.

Luego de que la Comisión de Constitución de Diputados, presidida por el diputado Juan José Jáuregui, determinara el 6 de septiembre remitir en consulta este proyecto de Ley aprobado en el Senado el 31 de agosto, a varias instituciones del Estado, entre ellas al Órgano Judicial, el TSJ, como cabeza de este poder de Estado, decidió tramitar la consulta previa ante el TCP para descartar si dicho proyecto de ley no es contrario a la Carta Magna.

Es así que ayer, a las 11:30, el secretario general del TSJ, entregó el memorial de consulta ante el TCP que a través de su Comisión de Admisión analizará si es pertinente iniciar el trámite o rechazarlo.

Luego de conocer la sentencia constitucional de 31 de julio, que anuló la convocatoria y el reglamento de preselección de candidatos a magistrados, el Senado aprobó un nuevo proyecto de ley el 31 de agosto y lo remitió a Diputados y éste resolvió darse el tiempo necesario para tramitar este proyecto. Eso pasó hace 15 días sin que haya una solución.

El accionante de la nueva consulta es el presidente del TSJ, Ricardo Torres, en representación de la Sala Plena que analizó este proyecto de ley.
En la parte del Petitorio del documento, el TSJ pide al TCP pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 2 y la Disposición Adicional Sexta del proyecto de ley 144/2022-2024.

Así solicitan “notificar a la Asamblea la suspensión en el tratamiento de cualquier proyecto de ley para regular la preselección de altas autoridades”.
Si es admitida la solicitud de consulta el TCP tiene 30 días para pronunciarse con un fallo.

Además, el presidente Torres, a través de otra nota remitida al presidente de Diputados Jerges Mercado, en respuesta a la solicitud de la Comisión de Constitución, rechazó dejar en manos de subalternos el Poder Judicial mientras se eligen nuevos magistrados hasta que se lleven adelante las elecciones.

Torres hizo conocer que la Sala Plena en sesión ordinaria determinó que el artículo 7 de la Constitución Política del Estado, concordado con el artículo 178.I del mismo cuerpo normativo, se asume que la función que cumple en el Órgano Judicial, fue directamente delegada por el soberano, es inalienable e imprescriptible, lo que implica que estas funciones no pueden ser suspendidas por el Poder Constituido, siendo que estas tienen su origen en el Poder Constituyente”.

El abogado Juan del Granado comentó que está claro que hay un afán del arcismo de prorrogar a las autoridades judiciales, para controlar el TCP. Subrayó que es llamativo que el presidente del TSJ se acuerde de la Constitución para algunos puntos, y que la olvide en el punto clave que señala que la gestión de las autoridades judiciales es de seis años supuestamente impostergables.

La propuesta del Senado fue que el 2 de enero cesaban en su mandato los actuales magistrados y consejeros. Una fuente cercana al Gobierno señaló que “se envió este proyecto de ley y con el mismo, el TCP puede remitir el tema a una sentencia, como ocurrió en el caso de los diputados y senadores que terminaron su mandato tras la crisis de 2019. Enviaron una consulta previa de constitucionalidad y en base a esa ley el TCP prorrogó el mandato hasta que se realizaron las elecciones. Si seguimos ese precedente, lo más probable es la prórroga del mandato que vendría de esa instancia constitucional”, aseguró la fuente.

El diputado arcista Jáuregui, presidente de la comisión, aseguró que el retraso será sólo de un mes, “y sí, tendremos que suspender el tratamiento de esta norma en la Cámara de Diputados”.

Su colega Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana afirmó que “esto confirma lo que dijimos hasta ahora, es otra grotesca maniobra del Gobierno en contubernio con otro órgano del Estado que está de salida. Estos señores se tienen que ir a sus casas el 31 de diciembre y de manera forzada se inventan una consulta como si se tratara de una ley en materia judicial, cuando en realidad es de materia electoral. Esta consulta podrían realizarla solamente las dos cámaras reunidas, por dos tercios de votos de los asambleístas presentes”.

Aseguró que de esta forma se propinó un “golpe a la democracia. En este caso el proyecto salió de la Cámara de Senadores, así que una comisión de Diputados no podía atribuirse la facultad de hacer esa consulta”, acotó.

El senador ‘evista’ William Tórrez denunció que es “una argucia usada por los magistrados del TSJ, para quedarse un tiempo más. Por un mínimo de dignidad, debieron anunciar que renunciarán en diciembre. Este es el mecanismo para prorrogarse y consolidar la teoría que tenemos de que el gobierno de Luis Arce, junto al ministro de Justicia, Iván Lima, fueron los que articularon este tema, para prorrogar este mandato o designar interinos, y lo harán por decreto”, subrayó.